Bruselas investiga al Gobierno por la indemnización de 1.350 millones a Florentino Pérez por el almacén Castor

La Comisión Europea investiga la indemnización de 1.350 millones que aprobó el Gobierno para Escal UGS, del grupo ACS, por el cese de actividad del almacén de gas Castor.

La apertura de la investigación ha sido a raíz de la reclamación que interpusieron el año pasado la patronal Cecot, el Centro Metalúrgico y el Consejo Intertextil Español, según ha explicado el presidente de Cecot, Antoni Abad a la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

Abad ha recordado que las tres organizaciones interpusieron la reclamación en el verano de 2015 y que han recibido una notificación de la CE donde se les explica que se ha requerido información al Gobierno sobre la concesión, lo que para la patronal indica que ven "indicios" de que la actuación no haya sido la adecuada.

En esta comunicación, en la que ha tenido acceso la ACN, la CE informa de que ha pedido información al Gobierno y que este debe responder antes de mediados de febrero. Una vez lo hagan, la CE "analizará" la información que les hagan llegar y pedirá información adicional "si lo considera necesario".

"Estamos en contacto con las autoridades españolas sobre este asunto. Nuestro análisis se está llevando a cabo. No podemos prejuzgar el resultado en este momento", asegura Ricardo Cardoso, portavoz de la Comisión Europea para asuntos de competencia, cuenta el diario Expansión.

El presidente de la patronal ha valorado positivamente el hecho de que la CE haya requerido esta información al gobierno español y consideró que "el tema de fondo es la posible ayuda indebida del Estado".

El gobierno español aprobó una indemnización de 1.350 millones de euros para la constructora por el cese de la actividad. La denuncia presentada defiende que el Gobierno infringió presuntamente el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE), que prohíbe las ayudas de Estado en empresas.

En su momento, el equipo de abogados de los denunciantes explicaron que el pago de la indemnización se aprobó una vez la instalación ya estaba construida y cuando se habían de iniciar los trabajos de explotación.