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Bruselas ve imprescindible la captura y almacenamiento de CO2 para la descarbonización, pero ¿es posible?

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Hay tecnologías que llevan sobrevolando la realidad mucho tiempo pero parece que nunca aterrizan. Es el caso de la de la captura y el almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés). Después de décadas hablando de ella, sigue sin ser rentable y no hay proyectos comerciales o a escala en Europa. Aunque pese a todo, tiene sus detractores y sus defensores.

Y entre estos últimos está Bruselas, que nunca ha dejado de interesarse por este sistema para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así cumplir con sus objetivos climáticos.Y lo ha vuelto a decir en el documento una visión estratégica a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra para 2050 , que sigue siendo necesario para lograr los objetivos climáticos a largo plazo.

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Es toda una declaración de intenciones porque ciertamente no hay usos comercialmente viables en la Unión Europea. El único país que utiliza alguna planta de CCS a escala industrial es Noruega, pero no es miembro de la UE.

Aún así, Bruselas está convencida. Si los países europeos quieren lograr sus objetivos de tener emisiones de gases de efecto invernadero netas cero para 2050, se necesitará un impulso a esta tecnología. "Hay que compensar las emisiones que son imposibles de erradicar", dice el informe de la Comisión Europea. La defienden porque, en su opinión, se evitaría la emisión de dióxido de carbono que atrapa el calor, licuando el gas y almacenándolo en algún lugar.

Hace ya más de una década que Bruselas fijó su mirada en el almacenamiento y captura de CO2 como una herramienta potencialmente "friendly" con el clima, pero todavía falta por encontrar la manera de demostrar su viabilidad y rentabilidad para que las empresas inviertan en ella.

"Esta tecnología aún no ha alcanzado la etapa de comercialización, obstaculizada por la falta de demostración de la tecnología y la viabilidad económica, las barreras reglamentarias en algunos estados miembros y la limitada aceptación pública", dice la Comisión Europea. Por eso, señala que si el almacenamiento y captura de CO2 se "materializa a escala dentro de la próxima década", debería haber más inversión en la tecnología, así como en nueva infraestructura.

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Recientemente, se han anunciado planes para nuevos proyectos en Holanda (además de Noruega) que tienen como objetivo configurar esa infraestructura para empresas industriales.

Y no queda otra, también Bruselas ve necesario instar a los gobiernos de los países miembros a convencer a sus ciudadanos de la necesidad de esta tecnología. "Para que CCS desarrolle su potencial, es necesaria una acción coordinada y enérgica para asegurar la construcción de demostradores e instalaciones comerciales dentro de la UE, así como abordar las preocupaciones de la opinión pública en algunos estados miembros", señala el documento.

No va a ser fácil. En algunos países, los ciudadanos han protestado contra los planes para almacenar CO2 bajo tierra, por temor a daños ambientales o problemas de salud. En España hay poco debate público sobre este asunto porque aún no ha sido necesario. Los pocos proyectos pilotos que se han planeado, han tenido poco recorrido. Sin embargo, visto la actitud beligerante de aquellas comarcas donde se quería desarrollar el fracking, podría ocurrir lo mismo. Eso sin contar con su falta de viabilidad económica.

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En cualquier caso, la Comisión Europea no es la única que ve como alternativa viable al almacenamiento de CO2. Justo antes de que presentara la Estrategia Climática para 2050 de cara a la COP24, por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, dijo que su organización estaba "presionando" para que hubiera un "impulso internacional" y se desplegara la CCS en todo el mundo. "Para ser realistas: si no queremos que el almacenamiento de carbono sea parte de la solución, es prácticamente imposible alcanzar nuestros objetivos climáticos internacionales", fue lo que dijo Birol en un evento en Bruselas organizado por la energética italiana Eni.

Y mientras que en España no se dedica ni tiempo ni dinero a esta tecnología, en Europa se están haciendo algunos avances. Se trata de los “CO2-ductos”, que han conseguido financiación de los CEF (Connecting Europe Facility), un instrumento clave para la Unión Europea a través del cual se pueden facilitar inversiones específicas en infraestructuras a nivel europeo.

Los CEF podrían abrir la puerta a financiar desde sistemas de almacenamiento energético, subestaciones eléctricas, interconexiones, terminales de GNL, gasoductos, oleoductos o refinerías hasta los poco conocidos como CO2-ductos, todos ellos incluidos como PICs (Proyectos de Interés Común) y por tanto, con posibilidad de recibir la financiación europea.

Se trata de un sistema que transporta el dióxido de carbono (CO2) después de su captura a un sitio de almacenamiento a través de una tubería. Hay diseñados unos ocho circuitos aprobados como PIC’s pero ninguno en España. Conectan principalmente Reino Unido, Holanda, Alemania y Noruega, y será en este último país donde se pretende almacenar el CO2 que se emita en los demás.

Y es que Bruselas sabe, y más aún después de los últimos informes del IPCC y de la ONU, que los objetivos actuales marcados por la UE no son suficientes para lograr lo que se prometió en la Cumbre sobre el Clima de París en 2015, cuando la gran mayoría de los países del mundo dijeron que se deberían hacer esfuerzos para limitar el calentamiento global a no más de 1,5°C.

Actualmente, el aumento de temperatura promedio ya está en 1ºC y en España roza el 1,5ºC, incluso en algunas zonas, como Murcia, llega casi hasta los 2ºC, según un reciente informe presentado por Greenpeace. Hay que aumentar la ambición.

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"Las últimas dos décadas incluyeron 18 de los años más cálidos registrados. La tendencia es clara. La acción climática inmediata y decisiva es esencial", señala la Comisión. Por eso, su propuesta inicial era que la legislación de la UE redujera las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% en 2030, en comparación con 1990. El objetivo ha quedado muy cerca pero por debajo y por eso los responsables comunitarios creen que para 2050 las reducciones de emisiones deberían ser de alrededor del 60%, aunque en realidad la UE ya se había comprometido a reducirlas entre 80 y 95% anteriormente.

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