La Junta de Castilla y León ha aprobado el proyecto de ley para gravar los residuos nucleares y radiactivos almacenados en la cerrada central de Garoña (Burgos), que supondrán unos 10 millones de euros a la Comunidad, con un impuesto temporal que busca "acelerar" su salida de la geografía regional.
Así lo ha detallado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien ha confiado en que el impuesto se apruebe cuanto antes en las Cortes para su aplicación, que es de "devengo inmediato".
La Junta ya tiene presupuestados esos 10 millones en sus cuentas para 2018 y al ser de devengo inmediato la totalidad la recaudación de este año se ingresaría en las arcas autonómicas si las Cortes aprobaran el proyecto antes del 31 de diciembre próximo.
Del Olmo ha detallado que nadie, ni siquiera Nuclenor, la propietaria de la planta nuclear de Garoña, que cerró en 2012, ha presentado alegaciones a este nuevo impuesto, cuya recaudación es finalista y se dirige a reactivar la zona burgalesa en la que está la planta.
El proyecto de ley modifica la norma que regula el impuesto autonómico sobre la afección medioambiental para introducir un "nuevo hecho imponible", el del almacenamiento temporal de residuos radiactivos, para que "estén el menor tiempo posible", ya que tienen una elevada vida, son "peligrosos" e inciden en
El proyecto fija la cuota tributaria en 4.000 euros por cada elemento de combustible gastado y almacenado, y en el caso de Garoña la aplicación de esa tarifa serían diez millones de euros anuales.
La consejera ha recordado que actualmente no existe en España un almacén para estos residuos y con este gravamen buscan "acelerar" la salida de los desechos de la Comunidad en el menor tiempo posible.
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