Programa energético del PP: menos impuestos en el recibo, una tarifa social única y más respaldo para la red

El Partido Popular ha llevado la energía al centro de su programa para las elecciones del 29 de noviembre, con la luz en máximos y los mercados de futuros anticipando un invierno de precios energéticos altos. Feijóo propone ampliar la vida de las nucleares, bajar impuestos del recibo y sustituir los bonos sociales por una única tarifa.

Nuclear: cien días para cambiar el calendario

El programa, presentado el 10 de noviembre, dedica un capítulo a que España sea “potencia energética de Europa”. Su medida más llamativa es anular el calendario de cierre de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. El PP tramitaría ampliar su vida útil, siempre con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear.

El Gobierno prorrogó en agosto Almaraz hasta junio de 2030, pero mantiene el cierre de todo el parque en 2035. El PP añade una estrategia nacional nuclear que incluya reactores avanzados y pequeños reactores modulares, y quiere reformular el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para que todas las tecnologías compitan en igualdad en subastas y ayudas.

Feijóo ya había pedido esa ampliación antes de que se conociera el programa: tras la prórroga de agosto la calificó de “tardía e incompleta” y reclamó cancelar el calendario de cierres.

Impuestos y tarifa social

En la factura, propone eliminar de inmediato el impuesto del 7% a la producción eléctrica y bajar los impuestos del recibo, sin concretar cuáles. Feijóo planteó el 9 de marzo rebajar el IVA de la energía del 21% al 10%, pero el programa no repite esa cifra.

Este tributo ya se está retirando. El decreto ley que el Gobierno aprobó en junio lo suprime de forma gradual (en torno al 5 % lo que resta de 2026, el 3,5 % en 2027 y cero en 2028) y el Congreso lo convalidó el 23 de julio. El PP, que había pedido eliminarlo en marzo, se abstuvo. También se abstuvo en la convalidación del decreto anticrisis de marzo, que incluía un IVA de precisamente el 10 % para la energía.

El impuesto del 7 % lo creó el primer Gobierno de Rajoy con la Ley 15/2012 y grava los ingresos de todos los productores, renovables y nucleares incluidos. La misma ley creó dos impuestos sobre el combustible nuclear gastado y los residuos; Nuclenor los citó en 2012 al renunciar a pedir la prórroga de Garoña, que el Gobierno de Rajoy rechazó reabrir en 2017.

Los bonos eléctrico y térmico dejarían paso a una Tarifa Social Única que, según el texto, “sustituirá y mejorará” ambos y sería compatible con cualquier contrato de luz y gas. El PP añade compensaciones automáticas para quien se quede sin luz por un fallo del sistema.

Apagón, red y respaldo

Para “evitar otro apagón”, el partido actualizaría en seis meses las reglas de funcionamiento del sistema, vigilaría la red en tiempo real con alertas tempranas y prohibiría cerrar centrales de gas o hidroeléctricas sin una alternativa técnicamente acreditada. Apuesta por más baterías y centrales de bombeo, y por un plan de choque sobre los servicios de ajuste, cuyo coste, según el PP, se ha multiplicado por ocho.

Ese múltiplo depende de qué se compare: Ember, con datos de Red Eléctrica, cifra el coste anual del ajuste en 3.800 millones en 2025, frente a 1.300 en 2021, casi el triple. El programa fija además 18 meses para resolver los problemas de conexión a la red de industrias, viviendas y centros de datos, y revisar si la capacidad reservada corresponde a proyectos viables.

El programa suaviza el tono de los últimos meses

En octubre de 2025, el vicesecretario de Economía y secretario de Estado de Energía en el gobierno de Rajoy, Alberto Nadal, defendió en el Foro Solar un “suelo nuclear” a largo plazo, con solar y eólica después y ciclos combinados para la punta de demanda mientras el almacenamiento no baste. También puso por delante redes, interconexiones y bombeo, lo que se interpretó como una moratoria de facto para las renovables. El programa habla ahora de neutralidad tecnológica y de revisar los ritmos de cada sector, y promete frenar la imposición de “calendarios imposibles”.

Política energética de los gobiernos autonómicos del PP

Pese a abogar por esa neutralidad tecnológica, los ejecutivos de Extremadura y Castilla y León, ambos con Vox, aplican criterios fiscales distintos según la tecnología. En Extremadura, el anteproyecto de presupuestos para 2027 rebaja un 30 % la ecotasa que pagan las propietarias de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy). Son 28,1 millones menos de ingresos, según la Junta, y cumple el pacto de investidura con Vox, que prevé la bonificación total en 2029. Se añade una deducción del 30 % por inversiones ambientales a partir de 2028. Las cuentas aún deben aprobarse.

En Castilla y León, el proyecto de ley de medidas tributarias para 2027 extiende el impuesto de afección medioambiental a los parques fotovoltaicos (“impuesto al sol”) de cinco hectáreas o más, con entre 600 y 2.000 euros por hectárea según su tamaño. La Junta lo defiende con el principio de “quien contamina, paga” y niega que sea recaudatorio. La patronal UNEF lo califica de injustificado. Quedan fuera los tejados, las plantas de menos de cinco hectáreas y parte del autoconsumo, y el texto debe superar aún el trámite en las Cortes.

No son casos aislados. Según UNEF, Aragón y La Rioja ya gravan la fotovoltaica: Aragón desde la Ley 2/2024, con entre 650 y 1.000 euros por hectárea en los tramos de hasta 100, y La Rioja desde 2025, con 350 euros por hectárea. Galicia aplica desde 2010 un canon eólico propio. Estas decisiones conviven con el programa nacional, que defiende que todas las tecnologías compitan en igualdad.

Frente a los demás

El PSOE defiende continuar la política energética desde 2018, con más inversión en redes y el cierre nuclear en 2035. En el Congreso votó el 30 de septiembre a favor de mecanismos para limitar los precios de la luz y los carburantes, y se abstuvo ante la creación de una empresa pública de energía.

Vox propone un IVA del 4 % para luz, gas y agua, quitar los impuestos eléctricos y dar a la nuclear un papel central.

Frente Amplio pide cumplir el cierre nuclear pactado, una electricidad 100 % renovable en 2040 y una empresa pública de energía. Apoyó crear una empresa pública de generación, un impuesto permanente a los beneficios extraordinarios de las energéticas y mecanismos para limitar precios.

Podemos defiende también una empresa pública de energía, un impuesto a las energéticas y límites a los precios. En julio se abstuvo en el decreto que elimina el impuesto del 7 % porque considera que bajar impuestos no es la vía para frenar la crisis de precios.

Ninguno de los cuatro ha publicado programa: sus posiciones salen de declaraciones y votaciones parlamentarias. En cuanto sean públicos, los daremos a conocer en El Periódico de la Energía.