Cataluña quiere intentar de nuevo penalizar la producción de energía eléctrica. Y para ello, lo viste de fiscalidad verde, es decir, lo califica como impuesto ambiental. En la nueva Ley de Presupuesto Generales de 2020 de Catalunya, el Govern ha creado un nuevo impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. Este impuesto va destinado a las actividades de producción, almacenamiento, transformación y transporte efectuado por elementos fijos del suministro de energía eléctrica, así como los elementos fijos de las redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas y que se encuentran situados en el territorio de Cataluña.
Eso sí, se salvan de la quema tanto las instalaciones de autoconsumo como de renovables y cogeneración de alta eficiencia, aunque esta última actividad contamine.
En cuanto a la producción de electricidad se refiere, los principales afectados son la energía nuclear y los ciclos combinados. El impuesto sería de unos 5 euros por MWh producido. En el primer caso, Endesa sería la más afectada al poseer la mayoría del capital de las centrales de Ascó y Vandellós, aunque también afectaría a Iberdrola, con una menor participación. Cabe recordar que la producción de energía nuclear no emite CO2. De salir adelante, este impuesto haría inviables las centrales nucleares de la región y las abocaría al cierre. En el caso de los ciclos combinados, el impuesto afectaría a las seis centrales que hay en Cataluña. También los principales afectados son Endesa y Naturgy, aunque también afecta a otros propietarios como Iberdrola, Viesgo y Alpiq.
Este nuevo impuesto catalán a la electricidad coincide con la sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado el anterior intento de Cataluña de gravar la energía nuclear a través de un impuesto a los residuos nucleares. Cataluña ha tenido que devolver unos 20 millones de euros recaudados a los propietarios de las centrales nucleares, ya que el TC lo declaró inconstitucional al creer que ya existe un impuesto a los residuos nucleares desde el Estado y existiría esa doble imposición en este caso por parte de la Comunidad Autónoma.
En la búsqueda de esos ingresos, Cataluña ha dado un paso más y ahora quiere sacar tajada con un nuevo impuesto ambiental. La medida afecta a buena parte del sector, no solo la nuclear como el impuesto recientemente tumbado por el TC. Otro de los graves afectados es la estatal Red Eléctrica. La compañía controlada por la SEPI en un 20% y máximo accionista del propietario de la red eléctrica en España verá como Cataluña le impone 700 euros por cada kilómetro de longitud en
tensión igual o inferior a 220 kV y 1.200 euros por cada kilómetro de longitud en tensión superior a 220 kV.
Lo curioso es que el Govern exime del impuesto a las estaciones transformadoras de energía eléctrica, las redes de distribución en tensión inferior a 30kV y las líneas eléctricas de evacuación de instalaciones de generación de energía eléctrica con energías renovables. Como si fuese posible poder discernir si por una red pasan kilovatios de renovables o de la central nuclear de turno o del ciclo combinado de más allá.
Cataluña no sería la primera Comunidad Autónoma que fija un impuesto ambiental a las redes eléctricas. Según ha podido saber El Periódico de la Energía, tanto Extremadura como Aragón ya penalizan a Red Eléctrica de esta forma. Unos impuestos que podrían recaer a posteriori en los consumidores de la luz que se benefician del transporte de la electricidad hasta sus hogares.
Pero Cataluña, para tratar de evitar eso afirma en su normativa que "queda expresamente prohibida la repercusión del impuesto a los consumidores, sin que
esta prohibición pueda alterarse mediante pactos o acuerdos en contrario entre las partes".
Por todo ello, y según cuenta el diario El País, las empresas afectadas del sector eléctrico creen que la Generalitat vuelve a incurrir en un impuesto anticonsitucional. Cuando se apruebe la Ley de Acompañamiento de los PGE 2020 de Cataluña, los afectados podrán recurrir la medida ante la Justicia. Mientras tanto, Cataluña irá recaudando este nuevo impuesto a no ser que el Estado lo frene antes de tiempo.
Golpe
27/04/2020