En sus decisiones abundan absurdos como declarar tierras yermas desde hace décadas, como terrenos de alto valor agrario; o evaluar negativamente un proyecto eólico porque está cerca, aunque fuera, de una ZEPA. Hay cosas que no requieren ni el VAR. Si está fuera, está fuera.
Por otro lado, los ayuntamientos donde se instalan proyectos eólicos y fotovoltaicos se ven desbordados por la cantidad de proyectos que les afectan. Por ello, ante el desconcierto, explotan con mociones pidiendo la paralización de todo, en lugar de exigir el apoyo necesario de la administración para facilitar y hacer entender a la ciudadanía que no todos los parques eólicos proyectados son posibles, ya que hay muchos solapados. El Govern, debería explicar la realidad de los hechos, para evitar el desconcierto de los ediles.
Añadamos el ingrediente del tactismo preelectoral de los partidos. Como el paradigmático de Esquerra Republicana de Catalunya que promueve entre sus municipios mociones contra el Govern de la Generalitat, del que forma parte, exigiendo la paralización de los proyectos y la modificación o derogación de un decreto que, hace unos pocos meses, aprobaron en el Parlament de Catalunya.
Sumemos las plataformas locales, los “nimbys”, promovidas por unos pocos que se arrogan la representatividad de todo el territorio. Sorprende cómo el efecto NIMBY genera curiosas parejas de baile, como la de algunos miembros de la “burguesía” rural de la industria de transformación agraria -llámese bodega- y el anticapitalismo asambleario. Pero no dejan de ser grupos con poca representatividad. El ruido es legítimo, pero no representativo de una realidad mucho más global.
La excusa es el modelo. Soberanía energética, pero de km 0, de participación ciudadana y distribuida, sin la participación de los “oligopolios” energéticos. No nos engañemos, ni en Cataluña, ni en España, ni en ningún lugar de Europa existe un modelo de soberanía energética basado únicamente en el autoconsumo, en la participación ciudadana y de km 0. Insistir que este ha de ser el único modelo posible equivale a decir que o la utopía o nada, sin querer encontrar un término medio factible. ¿Qué dirá el próximo conseller o consellera de Empresa cuando Tesla busque ubicar una nueva factoría para los países del sur de Europa y pida energía renovable para ser neutro en su proceso de fabricación?
Catalunya es una sociedad avanzada, de base industrial, con un consumo de energía elevado. Debemos favorecer el autoconsumo e impulsar su eficiencia, pero con ello en 2030 sólo cubriremos el 6,1% del consumo, muy lejos del 50% que establece la Ley de Cambio Climático aprobada en el Parlament de Catalunya el 1 de agosto de 2017. En Catalunya, de los 123 proyectos de generación eólica y fotovoltaica presentados a fecha de hoy ante la administración no hay ninguno de comunitario o de suscripción popular. Ésta es la realidad y no se explica por las trabas administrativas ya que la moratoria de más de 10 años establecida de facto por la recientemente derogada legislación autonómica no afectaba a los parques de menos de 10 MW. Lamentablemente, el único proyecto eólico en Catalunya (y también en España) promovido por suscripción ciudadana es un único molino de 2,35 MW que tardó más de 6 años en ponerse en marcha y que no lo tuvo fácil para sumar los suscriptores necesarios.
Las renovables son una oportunidad para el territorio, probablemente la última para participar de una economía avanzada, sostenible y de futuro, con una capacidad de generar empleo suficiente para ralentizar la pérdida de población. El momento es ahora, y se requiere la participación constructiva de todos, empresas, administraciones y sociedad civil, para decidir cómo implantar renovables y distribuirlas por el territorio. Debemos encontrar soluciones creativas, debemos hallar fórmulas que permitan compensar a los territorios que contribuyan favorablemente a la descarbonización de nuestra sociedad, debemos hablar de futuro, pero siempre sobre bases realistas.
La transición energética en Catalunya puede significar la creación de más de 20.000 nuevos puestos de trabajo en un sector de futuro y de alto valor añadido. Además, nos jugamos que los municipios eólicos puedan acceder a los recién aprobados fondos europeos orientados el desarrollo de energías renovables. Formación, promoción turística, creación de marca, implantación de industrias avanzadas como el almacenamiento de datos, o la generación de hidrógeno... Si lo hacemos bien entre todos, podemos propiciar un serio impulso económico y social.
Si continuamos como hasta ahora, se darán dos posibles futuros: en el primero, los criticados “oligopolios” agruparán sus proyectos para sumar más de 50 MW y los tramitarán en el Ministerio de Transición Ecológica, en Madrid, sin que las administraciones catalanas puedan intervenir. El otro escenario es peor. Los inversores, hartos de eternos impedimentos, invertirán en renovables en Francia o en Aragón. Mientras continuamos esperando proyectos de suscripción popular capaces de levantar 4 GW eólicos que Catalunya necesitará el 2030, acabaremos comprando a los “oligopolios” la energía que generen en Aragón y Francia para llegar a los objetivos marcados por la Unión Europea, sin capacidad de incidir en el precio, sin recibir ninguna compensación derivada de la implantación y con un territorio cosido por líneas de alta tensión para transportar esa energía verde que no habremos sido capaces de generar.
Victor Cusí Puig es presidente de la Asociación Eólica de Catalunya - EolicCAT
Ramon
01/08/2020