Corredor (Red Eléctrica) cuestiona la implantación masiva de centros de datos en España

Territorio y aceptación social

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha advertido de que el sistema eléctrico español no puede absorber sin condiciones la llegada masiva de centros de datos, que demandan un suministro estable las 24 horas del día sin ofrecer la flexibilidad que necesita una red con cada vez más renovables. La responsable del operador reclamó requisitos técnicos claros y una ubicación acorde con la capacidad de la red. Lo hizo durante la sesión “Energy Transition and AI: Friends or Foes?”, celebrada el 10 de noviembre en el Pabellón de España de la COP31, en la que también participaron representantes del sector eólico, del fotovoltaico y de la organización Ember.

Corredor apoyó su advertencia en dos cifras. La primera, la petición de una región como Aragón, que aspira a instalar unos 30.000 megavatios en centros de datos, una potencia casi equivalente a toda la demanda punta de España, que ronda los 32.000 megavatios. “Es una pesadilla”, resumió. La segunda, que Red Eléctrica ha concedido ya permisos de acceso a la red por seis gigavatios a este tipo de instalaciones y, sin embargo, ninguna está todavía conectada: “seis gigavatios concedidos, cero kilovatios conectados”. Con ello rebatió que la red sea el cuello de botella de estos proyectos y puso el acento en la seguridad de suministro y en el equilibrio del sistema en términos de tensión, potencia y frecuencia.

El debate se produjo en un momento en que el Gobierno ultima una regulación específica para los centros de datos, cuyo borrador ya ha sido remitido al Consejo de Estado. El moderador, Víctor Marcos Morell, director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, explicó que el objetivo es lograr un equilibrio entre la implantación de estas instalaciones y la evolución del precio de la energía, de modo que los beneficios que han aportado las renovables y la eficiencia energética lleguen a los consumidores, a la competitividad de la economía y a la industria.

La filosofía de la norma, señaló, consiste en definir primero cómo deben ser los centros de datos que quieran instalarse en España, con generación propia como condición, en lugar de fijar de antemano cuántos se desean. Entre los requisitos que plantea el Ejecutivo figuran que cubran con renovables hasta el 80% de su consumo en cada hora y que dispongan de almacenamiento que aporte flexibilidad al sistema. La nueva normativa ha introducido además un plazo de entre 18 y 36 meses para cumplir la exigencia de adicionalidad renovable, con un margen extra para la fotovoltaica.

Demanda sí, pero flexible

Corredor reconoció que el sistema necesita demanda. Las renovables suponen el 72% de la potencia instalada y el 60 % del mix eléctrico, y España apenas cuenta con un 3% de capacidad de interconexión con el continente, por lo que necesita consumo interno para integrar esa producción. Pero precisó que el operador prefiere consumidores flexibles, capaces de subir o bajar potencia cuando el sistema lo requiere, algo que los centros de datos no pueden hacer porque no toleran un corte de suministro ni durante un segundo. Planteó además que, si esa energía no procede de renovables, o si no hay almacenamiento que compense su variabilidad, el efecto recaerá sobre los precios.

Corredor fue más allá y alertó de un posible componente especulativo, ya que, según dijo, construir un centro de datos resulta sencillo para los promotores inmobiliarios, aunque no siempre sea bueno para el territorio. Añadió que quienes se conectan a la red de transporte pagan menos que otros consumidores y que ese ahorro puede acabar trasladándose a hogares e industria. Por ello consideró razonable exigirles tecnologías de electrónica de potencia y baterías, que hoy son más baratas que hace unos años y que ya se piden a otras instalaciones, como los electrolizadores.

Recordó que un centro de 600 megavatios es “enorme” para el sistema y que sus promotores deben asumir márgenes algo menores a cambio del interés general, además de escuchar a las comunidades donde se asientan. Evocó la protesta contra un gran grupo tecnológico, resumida en la frase “tu nube seca mi río” y sostuvo que el empleo que generan es escaso: en unas instalaciones que visitó en Dublín, recordó, la única persona a la vista era el guarda de seguridad. Añadió que la inteligencia artificial tenderá a reducirlo aún más.

Prioridad a la industria

Los representantes del sector renovable coincidieron en la necesidad de priorizar la reindustrialización frente a los centros de datos. Heikki Willstedt, director de Política Energética y Cambio Climático de la patronal eólica AEE, sostuvo que la industria genera más empleo, desarrollo e ingresos públicos, y defendió que la exigencia de aportar un 80% de renovables adicionales es fundamental para no encarecer el precio de la electricidad ni aumentar las emisiones.

José Donoso, director general de la asociación fotovoltaica UNEF, recordó que el sector cerrará el año con en torno a 1.000 horas con precio cero o negativo y que, aunque necesita demanda, quiere una demanda sostenible y de valor para el país. Citó cerca de 10 gigavatios de proyectos industriales con derecho de conexión que, a su entender, deben tener prioridad, y pidió decidir como país cuántos centros de datos se quieren y en qué condiciones. Advirtió, eso sí, de que un diseño demasiado exigente en capacidad firme podría dejar el campo solo a los inversores más dispuestos a asumir riesgos, y rechazó que se repita la vía de otros países, donde se plantean centrales de gas para alimentarlos.

El coste de cumplir las condiciones centró buena parte de la discusión. Según los cálculos presentados por el sector renovable, un gigavatio de centros de datos requeriría al menos 4,5 gigavatios de nuevas renovables, un 20% adicional procedente de la red y otros 4,5 gigavatios en baterías de cuatro horas, lo que supone una inversión de unos 10.000 millones. Otro de los ponentes situó el precio de la energía en torno a 120 euros por megavatio hora para un modelo totalmente aislado de la red, frente a una horquilla de entre 40 y 70 euros si se conecta con cierto autoconsumo. Si esas cifras no resultan atractivas, avisó, los centros de datos no se construirán. En cuanto a la flexibilidad, los participantes admitieron que los centros de datos pueden participar en los mecanismos de ajuste del sistema y recibir un pago por reducir su consumo, aunque debatieron si esa vía les compensa frente a instalar sus propias baterías, un coste que, en cualquier caso, será mayor.

Territorio y aceptación social

El impacto territorial y la aceptación social fueron otros ejes del encuentro. Los ponentes recordaron que el rechazo a los centros de datos ya ha sido un asunto electoral en Estados Unidos y ha alimentado la preocupación por la subida de la factura eléctrica en Irlanda, y señalaron que en España existe ya resistencia a nuevos proyectos renovables. Donoso abogó por ubicar los centros de datos en grandes núcleos con puntos de conexión, como Barcelona, Bilbao o Madrid, y por llevar la industria a las regiones con renovables, de modo que el territorio reciba parte del beneficio. Marcos defendió que el empleo local es lo que más piden alcaldes y responsables regionales, porque fija población y mantiene abiertas las escuelas.

La nota discrepante, matizada, vino de Ember. Su representante, Ufuk Alparslan, responsable de la organización para Turquía y líder regional para Turquía y el Cáucaso, que reconoció tener un conocimiento limitado de experiencias internacionales, planteó que los centros de datos pueden aportar flexibilidad a un sistema con más eólica y solar, y consideró que España, por su potencial, es un destino atractivo para ellos. Insistió, no obstante, en que la planificación energética no puede separarse de las necesidades de la inteligencia artificial y del consumo de estas instalaciones. El cartel lo completaba Thomas Spencer, analista sénior de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que no se había incorporado cuando arrancó el debate.

En sus intervenciones finales, Donoso subrayó que España cuenta por primera vez con una ventaja competitiva en energía, gracias a sus horas de sol y a su suelo disponible, y que los centros de datos pueden ser una oportunidad buena o no tan buena, pero nunca un obstáculo para otras vías de desarrollo económico. Willstedt abundó en que el país tiene ante sí una oportunidad para reindustrializarse de forma inteligente: primero, el empleo industrial; después, el de los centros de datos.