El apagón nuclear se está convirtiendo en una especie de obra de teatro en el que los principales actores, las tres grandes eléctricas, siguen manteniendo sus diferencias a pesar de haber acordado con el Gobierno y con Enresa un calendario para cerrar las centrales nucleares.
La obra de teatro se está escenificando en estos momentos en Almaraz (Cáceres) y los tres actores, en vez de alcanzar un acuerdo, han decidido seguir estirando la goma y remarcar sus diferencias.
Por un lado, se encuentra Endesa, que esta mañana ha ido a firmar el protocolo con Enresa y chequeado por el Gobierno por el cual se pone un calendario orientativo del cierre de las centrales. En el caso de Almaraz, el primer reactor sería para 2027 y el segundo para 2028.
Las tres eléctricas han acudido a la asamblea de socios de la central cacereña con el objetivo de alcanzar un acuerdo, pero las diferencias se han vuelto a poner sobre la mesa.
Mientras Endesa dice que se lleve a cabo el protocolo firmado con Enresa y con el Gobierno, las otras dos eléctricas prefieren poner una serie de cláusulas para salvaguardar sus intereses.
Según ha podido saber El Periódico de la Energia, Naturgy e Iberdrola han pedido que la extensión de la vida de la central sea hasta 2027 y 2028 siempre y cuando las inversiones que pida el CSN para mantener la seguridad sean las suficientes para que se mantenga rentable, y si se exceden que puedan revertir la situación y adelantar el cierre de la central.
Es decir, que se vuelve a lo de antes de alcanzar un acuerdo con el Gobierno y con Enresa. El protocolo firmado por las cuatro eléctricas propietarias de las centrales es papel mojado. Al menos para las compañías que son más del gusto de cerrar las centrales antes de lo propuesto por Enresa.
Tanto Naturgy como Iberdrola se quieren cubrir las espaldas por si luego no pueden echarse atrás. En la actualidad, es posible que los socios se nieguen después de conocer las inversiones propuestas por el CSN, pero sin la petición de la prórroga, el CSN no moverá un dedo.
La situación está complicada. Ahora mismo sigue la reunión entre los tres socios para ver si se alcanza un acuerdo, o un principio de acuerdo sobre si hay que pedir la prorroga o no. Sea como fuere, la decisión se tiene que tomar antes del 31 de marzo.
Como la decisión tiene que ser unánime, cualquiera de los socios puede romper la baraja. El Gobierno había prometido un cambio legislativo para que la decisión de las empresas no se encallase más y abriría la posibilidad a que la decisión se tomase con una mayoría de los socios. Algo que las tres grandes eléctricas vieron con buenos ojos. Pero el adelantamiento de las elecciones generales ha dejado ese cambio normativo en el cajón y ahora las eléctricas tienen que ponerse de acuerdo.
Un acuerdo, que por el momento no llega. Y que tiene visos de que se alargue unos días y que el desenlace llegue a última hora. Que siga la función.
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13/03/2019