Ningún comentario El Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a poner el foco sobre uno de los grandes agujeros de credibilidad jurídica que arrastra España desde hace más de una década: el conflicto de los laudos renovables.
En su edición de 2026, el informe anual Investment Climate Statement for Spain que elabora el Departamento de Estado del país norteamericano ha dedicado una sección específica a explicar cómo los cambios regulatorios introducidos entre 2010 y 2014 provocaron una oleada de litigios internacionales contra nuestro país, principalmente al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, destacando que muchos de estos procedimientos siguen pendientes de resolución.
El diagnóstico que hace el Departamento de Estado es especialmente significativo porque no se limita a recordar la existencia de esos procedimientos, sino que cuantifica su alcance y subraya que el balance ha sido ampliamente desfavorable para España.
Más de 50 arbitrajes
Según recoge el informe, las reformas iniciadas en 2011 desencadenaron más de 50 reclamaciones de arbitraje de inversión contra el Estado español, principalmente bajo el Tratado de la Carta de la Energía, del que España terminó retirándose en 2024. Más de dos tercios de esos procedimientos han desembocado en laudos favorables a los inversores.
La referencia resulta especialmente incómoda para el Ejecutivo, porque Washington también señala expresamente la actitud seguida por España una vez dictadas las condenas. Así, el informe del Departamento de Estado sostiene que los inversores están intentando ejecutar los laudos ante tribunales de distintos países y añade que España “se ha resistido de forma consistente a su cumplimiento”, invocando, entre otros argumentos, la inmunidad soberana o el Derecho de la Unión Europea.
El problema trasciende, por tanto, la disputa técnica sobre el viejo sistema de primas. Lo que Estados Unidos coloca sobre la mesa es una cuestión de seguridad jurídica: inversores que acudieron a España bajo unas determinadas condiciones regulatorias, cambios posteriores del marco aplicable, decenas de reclamaciones internacionales y una mayoría clara de fallos contrarios al Estado español.
El mensaje que se proyecta hacia el exterior es difícil de conciliar con la imagen de un país que aspira a captar grandes volúmenes de capital internacional.
Cosas buenas y malas
De manera más general, Washington destaca aspectos positivos relacionados con la inversión en España, como nuestra posición geográfica, las infraestructuras de transporte, el tamaño de mercado, el capital humano y otros factores. Sin embargo, el informe considera que problemas institucionales como los impagos de las renovables elevan el riesgo jurídico y el coste de operar en España.
La cuestión de los laudos es el ejemplo más evidente, pero no el único. El Departamento de Estado también alerta de un entorno regulatorio complejo, una presión fiscal relativamente elevada y procesos burocráticos que siguen siendo costosos y lentos. Añade que la divergencia entre normas autonómicas y la falta de un mercado interior verdaderamente uniforme pueden limitar el crecimiento empresarial.
En materia de incentivos públicos orientados a captar inversión, el informe recoge que diferentes empresas extranjeras han experimentado retrasos a la hora de poder aplicarse beneficios fiscales y otras ayudas, o han encontrado cambios inesperados en sus condiciones después de haber sido aprobadas. Es otra señal de un problema que atraviesa distintos ámbitos: la distancia entre las reglas anunciadas y las condiciones efectivamente encontradas por quien decide comprometer capital en España.
El caso de las renovables resume bien esa contradicción: España quiere presentarse como una economía dinámica y abierta a la inversión “verde”, pero arrastra decenas de impagos que golpean a empresas vinculadas al despliegue de energías renovables.
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