El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha presentado un borrador de real decreto ley para financiar el bono social que carga su coste a todas las comercializadoras y que los grupos parlamentarios han consensuado tramitar como proyecto de ley.
Se ha presentado el borrador del proyecto de Real Decreto para asegurar la financiación del bono social y los portavoces parlamentarios han mostrado su predisposición a aprobar la tramitación, ha informado el grupo parlamentario del PP en una nota.
El portavoz del PP en temas energéticos, Guillermo Mariscal, ha dicho que así se podrá aprobar la financiación del bono social con la "mayor celeridad posible" y se podrán introducir mejoras en la tramitación parlamentaria.
La portavoz del PSOE en temas energéticos, Pilar Lucio, ha confirmado ese consenso en el modo de tramitar la normativa y ha apuntado que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de extender la obligación de financiarlo a empresas generadoras y distribuidoras, además de a todas las comercializadoras, lo que supondría incluir, entre otras, a Red Eléctrica de España.
Lucio ha declarado a EFE que el PSOE tiene objetivos más ambiciosos en este tema, por lo que aplaude la forma de tramitación, que permitirá presentar propuestas y abrir un debate más amplio sobre la pobreza energética.
Los grupos parlamentarios se han reunido esta mañana con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, para seguir trabajando en el modelo de financiación del bono social y en las mejoras en su diseño.
Los grupos se reunieron la semana pasada con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para trabajar sobre este tema.
Nadal dijo entonces que el Gobierno redactaría un real decreto ley para regular el bono social con la idea de que se pague entre todas las comercializadoras eléctricas, tras la sentencia del Supremo que tumbó el modelo actual de financiación.
Desde 2013, el pago recae sólo en las empresas con actividades de producción, distribución y comercialización, lo que se conoce como "integradas". Junto a esto, se quiere mejorar la definición del bono social para proteger las situaciones de vulnerabilidad.
El bono social eléctrico entró en vigor en 2009 y desde 2014 es un descuento del 25% que se aplica sobre el importe de las factura de la luz para determinados colectivos: hogares con un potencia inferior a 3 kilovatios (KW), familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y jubilados que perciben la pensión mínima.
A cierre de mayo de este año, había 2,4 millones de hogares acogidos a este bono, cuyo coste ronda 200 millones anuales.
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