El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por la noche la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca, en la que PSOE y Unidas Podemos añadieron vía enmienda el impuesto a las grandes fortunas.
La iniciativa ha contado con el respaldo de 186 diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, CC, la CUP y BNG, mientras que los 152 del PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias han votado en contra, y los 10 del PNV y PDeCAT se han abstenido, todo ello en una votación pública por llamamiento, pedida por Más País y Compromís, que ha obligado a que los diputados fueran poniéndose en pie en el escaño para anunciar a viva voz su voto.
Camino al Senado
Concluida la tramitación en la Cámara Baja el texto pasará al Senado para completar su curso en las Cortes. La iniciativa aprobada tiene la misma redacción que salió de la Comisión de Asuntos Económicos porque en el Pleno de este jueves no se han introducido cambios.
Así, en lo referido al gravamen energético, se excluirá de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, queda modificado el texto original para que el impuesto no afecte a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.
Además, se incluyó en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.
Al mismo tiempo, se introdujo otra enmienda transaccional para que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas del sector desarrollen en España.
Luego, directos al Supremo
En cuanto se apruebe el texto de forma definitiva, las compañías del sector energético afectadas estudiarán el texto normativo de tal manera que puedan recurrirlo ante instancias jurídicas superiores, en este caso el Tribunal Supremo.
Ya no sólo es un problema de las tres grandes compañías eléctricas sino que esta medida afecta a todo el negocio energético, también las petroleras y gasistas. Por tanto se rompe esta especie de paz social que ha habido últimamente entre el sector y el Gobierno.
Ahora, el Gobierno ya no se lleva bien con prácticamente nadie. Todos acabarán recurriendo el impuesto que lo ven totalmente injusto y que parece presentar algunas lagunas por las que se podría escapar algo que les hiciera en un futuro devolver el dinero pagado por el gravamen.
En definitiva, las empresas del sector harán todo lo que esté en sus manos para tratar de no pagar este impuesto, y la doble imposición puede acabar dándoles la razón, así lo piensan algunos expertos jurídicos.
Miguel
25/11/2022