El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley que exime del recorte de ingresos a las empresas generadoras eléctricas por el sobrecoste del gas la energía cubierta por contratos a plazo. Junto a esta medida, el Gobierno aprobó en el mismo decreto ampliar la protección y las ayudas para los consumidores vulnerables.
Además del PSOE y Unidas Podemos, han apoyado el decreto ley Esquerra Republicana, el PNV, el PDeCAT, Junts, Más País-Equo, Nueva Canarias y Coalición Canaria. El PP, Vox, Ciudadanos, UPN y la CUP se han abstenido.
El Congreso ha rechazado además la tramitación del decreto como proyecto de ley, por lo que los grupos no podrán presentar enmiendas al mismo.
En este sentido, esta medida no afectará a la energía producida por las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo cuando el precio de la cobertura sea fijo, se haya contratado antes de la promulgación del real decreto-ley de septiembre o cuando tenga una cobertura superior a un año, si se firma posteriormente.
Ribera ha agradecido a las eléctricas su compromiso para no subir ni actualizar los precios fijados en los contratos vigentes a largo plazo.
La vicepresidenta tercera ha recordado que el Gobierno sigue preocupado por la situación de los sectores industriales que presentan una alta exposición a los precios del mercado eléctrico al no disponer de suficiente cobertura a plazo que garantice el suministro de energía eléctrica a precios asequibles.
Por último, el Gobierno ha incluido determinados instrumentos con el objetivo de mejorar la transparencia y la supervisión de los mercados mayoristas y minoristas de la electricidad.
Así, entre otros aspectos se recoge la obligación de que las comercializadoras informen un mes antes de su intención de modificar un contrato, y de remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) información actualizada sobre los precios de las ofertas disponibles en todo momento, incluidas las condiciones relacionadas con la terminación de los contratos.
BONO SOCIAL TÉRMICO
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el real decreto-ley que amplía la cobertura del bono social eléctrico para los consumidores más vulnerables y precisa qué instalaciones eléctricas se verán finalmente afectadas por la minoración de los beneficios extraordinarios obtenidos por la escalada del precio del gas.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la nueva norma, aprobada con 189 votos a favor, 158 abstenciones y un voto en contra, sirve para "completar" el compromiso del Gobierno para que los ciudadanos paguen de media por el recibo de la luz en 2021 el equivalente a lo que se pagó en 2018.
Según Ribera, el real decreto-ley convalidado, que aumenta el descuento del bono social eléctrico hasta el 31 de marzo y amplía la cuantía mínima que se da por el bono social térmico, reforzará "la protección de los más vulnerables" en una situación "excepcional" de precios energéticos.
En este sentido, los consumidores vulnerables acogidos al bono social tendrán un descuento en la factura del 60 % en lugar del 25 % habitual, y del 70 % en lugar del 40 %, si está considerado vulnerable severo.
Además, se amplía el importe mínimo a recibir por el bono social térmico a 35 euros, una cantidad que equivale al precio de dos bombonas de butano.
Con esta medida, el Gobierno prevé que las familias españolas reciban una cantidad media de 90 euros por el bono térmico durante este invierno.
Ribera ha lamentado que esta semana los precios de la energía en los mercados mayoristas europeas se han situado en niveles "inéditos", aunque ha recordado que España, junto con Portugal y Polonia, cuenta actualmente con los precios más bajos.
Pese a ello, ha asegurado que los precios "astronómicos" de la electricidad obligan al Gobierno a reforzar la protección de los consumidores y a plantearse los límites de un sistema "que claramente necesita mejoras".
Ribera ha explicado que en la Unión Europea se ha iniciado un debate en torno a los principios generales que actualmente rigen las normas de funcionamiento de los mercados mayoristas de los principales productos energéticos, principalmente de la electricidad y del gas.
Así, la vicepresidenta del Gobierno ha defendido que los ciudadanos y las empresas esperan una respuesta "ágil y adecuada" para abordar una situación extraordinaria, y ha insistido que acelerar la transición energética es la única vía para reducir la volatilidad de los precios de la energía.
Miguel
25/11/2021