En los últimos años España se ha erigido como uno de los destinos europeos más atractivos para la inversión en centros de datos gracias a unas tarifas de electricidad competitivas, la disponibilidad de suelo y la existencia de una red de conectividad única tanto a nivel nacional como internacional, gracias a la llegada de cables submarinos en los últimos años que han convertido la península ibérica en el puerto de conexión entre América y Europa.
Sin embargo, la realidad operativa y regulatoria deja al descubierto un problema crítico: el acceso a la electricidad —tanto en capacidad como en rapidez de conexión— está emergiendo como el factor que puede frenar o condicionar fuertemente este atractivo.
En España la alerta ya es pública y notoria. Recientemente, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP han reconocido que el 83,4 % de los nodos de la red de distribución están saturados, lo que limita la posibilidad de conectar nueva demanda industrial, incluida la de grandes parques de centros de datos.
Asimismo, el sector de los centros de datos, a través de su asociación Spain DC, también ha lanzado una señal de alarma, dado que esta saturación de la red está poniendo en riesgo inversiones por más de 58.000 millones de euros en proyectos que no pueden conectarse a tiempo. Su directora ejecutiva, Begoña Villacís, ha recalcado que “no tenemos un problema de generación, lo que falla es la red”, subrayando la tensión entre la capacidad renovable instalada y la imposibilidad de evacuar o distribuir esa energía hacia nuevos consumidores industriales.
Un problema de toda Europa
Pero el problema no es exclusivamente español. En el conjunto de Europa la demanda eléctrica atribuible a los centros de datos está creciendo a un ritmo tal que obliga a repensar la planificación de redes. Los ejemplos abundan.
En Alemania, operadores como E.ON y desarrolladores de centros de datos como Cyrus One han reconocido que se ven obligados a planear plantas de respaldo de gas natural de decenas de megavatios debido a que las conexiones a la red pueden tardar hasta 15 años en completarse. La propia Bundesnetzagentur, autoridad reguladora, ha tenido que endurecer los requisitos para asignar capacidad de conexión, exigiendo que los proyectos tengan permisos avanzados antes de reservar potencia.
En el Reino Unido, el operador del sistema, NESO, ha advertido que la demanda de electricidad de los centros de datos podría oscilar en un rango amplísimo —entre 30 y 71 TWh hacia 2050— lo que dificulta la planificación de la red.
En Irlanda, el debate es aún más intenso ya que informes internos del propio Ejecutivo han alertado de que la concentración de centros de datos en torno a Dublín está tensionando el sistema eléctrico, lo que incrementa los costes para los hogares y además complica los objetivos de descarbonización. En consecuencia, las autoridades han impuesto restricciones de facto a nuevas conexiones en algunas zonas, y el sector teme que esto limite seriamente el atractivo del país como hub digital.
Y en Francia, donde la energía nuclear representa más del 60% de la generación eléctrica, la presión de la demanda de centros de datos ha derivado en iniciativas que comienzan a explorar soluciones innovadoras como la posibilidad de alimentarse directamente de pequeños reactores modulares (SMRs) en un futuro cercano. Estos minirreactores, aún en fase de desarrollo industrial, se plantean como una opción para garantizar suministro firme, libre de emisiones y cercano a los grandes polos de consumo digital, lo que podría diferenciar a Francia en el panorama europeo y ofrecer a los operadores una seguridad de suministro que hoy escasea en otros mercados.
Capacidad de conexión
En consecuencia, desde el punto de vista de los inversores en proyectos de centros de datos, los retrasos en la obtención del suministro eléctrico se traducen en riesgos concretos y cuantificables, lo que supone un aumento del coste de capital y erosiona la rentabilidad esperada. Por tanto, la evaluación de una oportunidad de inversión en un centro de datos exige hoy, más que nunca, un análisis profundo de la capacidad de conexión, plazos regulatorios locales y alternativas energéticas complementarias.
Para los inversores, la lectura es pragmática y directa, lo que les lleva a priorizar proyectos con una ruta clara de suministro eléctrico. Es decir, proyectos en localizaciones con capacidad de conexión demostrable o con planes concretos de refuerzo, acuerdos PPA firmes o estrategias híbridas de suministro que reduzcan exposición a los precios spot y contratos de interconexión y garantías con distribuidores y operadores.
Por tanto, desde la perspectiva regulatoria y de política pública, si no queremos perder el interés inversor internacional en el sector de los centros de datos, son necesarias dos cosas: primero, la inversión en redes —tanto en transmisión como en distribución— debe acelerarse y retribuirse de forma que atraiga capital privado, y segundo, se necesita coordinar la expansión de capacidad renovable con la planificación de puntos de conexión, fomentando mecanismos regulatorios que reduzcan el tiempo de tramitación y permitan soluciones transitorias. Además, esto también abre oportunidades de inversión en activos complementarios como subestaciones y baterías.
En conclusión, España y Europa no están ante una merma de demanda digital, sino ante un reto de infraestructura. Y si el objetivo es convertir a la UE en un polo competitivo para IA y servicios cloud, la política pública y la inversión privada deben converger en acelerar la transformación de la red y en diseñar estructuras de financiación que internalicen la flexibilidad energética.
Rafael Castillo Justo es socio de Arcano Partners
Celia
24/09/2025