Política energética

El futuro del carbón, a debate en el Congreso en plena escalada del precio de la electricidad

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El Pleno del Congreso celebra este martes, en medio de una nueva escalada del precio de la luz, el debate de una proposición no de ley sobre el papel que debe jugar el carbón en el proceso de transición energética que pretende impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez.

La iniciativa, impulsada por el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, reclama al Gobierno el estudio de un plan a medio y largo plazo para fijar una "participación equilibrada del papel del carbón como fuente propia de recursos energéticos", y que este plan tenga que contar con el visto bueno del Congreso.

Todo ello en plena escalada del precio de la luz. Así, según los datos del operador del mercado ibérico (OMIE), el precio mayorista de la luz tocó el pasado miércoles un nuevo máximo anual, con una media para el día de 75,93 euros por megavatio hora (MWh).

Asimismo, la formación regionalista asturiana reclama una dotación "suficiente" en los Presupuestos Generales del Estado, en el marco de la política industrial de innovación, para inversiones en I+D+i que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes en las centrales térmicas.

CIERRE DE CENTRALES CUANDO VAYA A BAJAR LA LUZ

Respecto a estas centrales, Foro quiere asegurar que la regulación sobre un posible cierre de estas instalaciones prevean el fin de su actividad "en casos extremos" y cuando esta decisión repercuta en una bajada del precio de la electricidad.

Concretamente, propone Martínez Oblanca, "siempre que haya quedado garantizada la seguridad del suministro eléctrico de calidad, la incidencia a la baja en el precio de la electricidad, la repercusión positiva en el empleo, la mejora de la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias".

La iniciativa se completa con la reivindicación de que el Gobierno tenga "como referencia primera", dentro del desarrollo del proceso de transición energética impulsado por el Ejecutivo, "la salvaguarda de los intereses generales de España, concretados en la preservación de su soberanía energética y en las garantías de suministro de calidad para todos los ciudadanos".

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