Política energética

El Gobierno forma un lío con la interrumpibilidad: cubrirá solo cinco meses y las empresas cobrarán fijo + variable

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El Gobierno quiere cambiar de forma radical el mecanismo de capacidad de la interrumpibilidad. Para ello, y con mucha sorpresa en el seno de la industria española, el Gobierno pretende que los bloques de interrumpibilidad adjudicados en la subasta para enero de 2018 solo cubran cinco meses. Es decir, que la entrega será solo desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo del próximo año.

Este es el principal cambio del proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad que el Gobierno ha hecho público en su página web y que lo ha dejado abierto para recibir las alegaciones oportunas de los interesados.

Justo esta medida es todo lo contrario a lo que la industria electrointensiva española venía demandando desde hace años. Las empresas han exigido por activa y por pasiva al Gobierno que un año es un escaso tiempo para poder generar cierta predictibilidad para llevar a cabo inversiones en las plantas productoras. Pedían que la subasta cubriese al menos 2 años. Y ahora el Gobierno le dice que si quería café pues que tome dos tazas. Le recorta el tiempo a solo cinco meses, eso sí "sin perjuicio de que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante la temporada eléctrica 2018", dice el texto.

El Gobierno se ampara en hacer estos cambios en el tirón de orejas que recibió por parte de Bruselas en noviembre de 2016 cuando la Dirección General de Competencia hizo un análisis exhaustivo de los mecanismos de capacidad, entre los que se encuentra la interrumpibilidad en el sistema eléctrico español.

Ese informe venía a señalar que solo se iban a permitir aquellas ayudas que realmente fuesen necesarias para el funcionamiento del mercado eléctrico. El Gobierno señala que en el Paquete de Invierno "se contempla una reforma de los actuales mecanismos de capacidad,

tal y como indica también el informe sobre la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad, publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2016".

Es por ello que decide ahora, con los procedimientos de habilitación para la subasta de 2018 ya cerrados, realizar esta serie de cambios que perjudicarán directamente a los intereses de la industria y que supuestamente beneficiarán a los consumidores porque al final pagarán menos por este servicio. Es por ello que el Gobierno ofrece a las empresas ya habilitadas para la subasta del año eléctrico 2018 la posibilidad de borrarse.

"Teniendo en cuenta que tanto el periodo de presentación de solicitudes para el proceso de subastas del periodo de entrega que comienza el 1 de enero de 2018, como el periodo de habilitación para dicho periodo de entrega, han concluido en aplicación de los plazos recogidos en la Orden IET/2013/2013, de 26 de octubre, mediante disposición transitoria se introduce la previsión de que los proveedores puedan renunciar a alguno o a todos los bloques del producto de 5 MW para los que han sido habilitados", reza el texto.

Para llevar a cabo esta reducción de la partida, el Gobierno pretende cambiar el sistema de pago. Antes se adjudicaba el bloque de 90 MW o de 5 MW en la subasta al precio más bajo entre los pujadores, pero a partir de ahora ya no será así.

La empresa percibirá una parte fija por la adquisición de los bloques y una parte variable. " La retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de una opción de ejecución de reducción de potencia".

Además, ahora las empresas se tendrán que hacer cargo de la organización de la subasta. "El coste imputable a la organización del procedimiento de subastas que será soportado por los participantes que resulten adjudicatarios será de 225 €/MW adjudicado". Por ejemplo, si Alcoa se hace con los cinco bloques de 90 MW del año pasado, tendría que abonar más de 100.000 euros en este concepto.

Otro de los cambios significativos es que la interrumpibilidad se podrá llevar a cabo por cuestiones económicas. Ya no solamente se realizará el apagón eléctrico por cuestiones técnicas del sistema sino que, si Red Eléctrica ve que se puede ahorrar con ello, podría llevar a cabo esta medida.

Justo, esta propuesta de orden se ha conocido el mismo día que se ha sabido que Red Eléctrica ha tenido que aplicar la interrumpibilidad en Asturias, a las plantas de Asturiana de Zinc, Arcelor y Alcoa, por haberse tenido que parar la central térmica de Aboño por una serie de fallos.

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