El Gobierno, mayor accionista de Red Eléctrica, decidirá la sanción al operador del sistema por el apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió un expediente sancionador a Red Eléctrica por presunta infracción del artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico por la que podría ser sancionada por unos 60 millones de euros por incumplir una serie de requisitos a la hora de operar el sistema eléctrico el 28 de abril de 2025, el día del gran apagón ibérico.

Según ha podido saber El Periódico de la Energía, la Ley del Sector Eléctrico resta poderes sancionadores a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y se los da al Ministerio para la Transición Ecológica en una serie de casos.

Según el artículo 73 de la Ley del Sector Eléctrico, sobre Competencia para imponer sanciones, en su punto 4 se refiere a que para las sanciones muy graves, en este caso para las infracciones del artículo 64.25 puedan ser sancionadas por la Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias. Por ello, la ficha pública del expediente aparece identificada como “De competencia Ministerio".

Por tanto, será el Ministerio para la Transición Ecológica quién decida si Red Eléctrica será sancionada o no por sus hechos en el día del apagón.

Relación estrecha

Cabe recordar que la relación entre el Gobierno y Red Eléctrica es muy estrecha. Para empezar, el Estado a través de la SEPI, es el mayor accionista de la compañía. Por tanto una sanción muy grave podría acarrear futuras demandas milmillonarias por otros agentes contra Red Eléctrica lo que privaría a la empresa matriz poder repartir dividendos o incluso tener que ser rescatada.

Además, es el Ministerio para la Transición Ecológica quien decide el nombramiento en la Dirección General de Operación, es decir la persona, en este caso Concepción Sánchez, máxima responsable de la operación del sistema eléctrico.

Por si fuera poco, el hecho de ser el Estado mayor accionista hace que cada Gobierno que aterriza en Moncloa coloca al frente de la compañía a alguien cercano al partido de turno. En el caso del Gobierno actual, colocó al principio al exministro Jordi Sevilla y ahora a la exministra Beatriz Corredor. Anteriormente el PP colocó a José Folgado y así sucesivamente.

Siempre el Gobierno ha controlado Red Eléctrica. Es por ello que podría darse un posible caso de conflicto de interés, algo que confirman fuentes jurídicas a este diario. "Se podría dar el caso perfectamente", aseguran.

Algo que desde El Periódico de la Energía se ha preguntado al Ministerio para conocer su posición al respecto y si van a decidir finalmente abstenerse y darle el poder sancionador a la CNMC. De momento, no hemos podido obtener respuesta desde el Ministerio.

Sin embargo, la CNMC, como órgano regulador y supervisor, ha explicado que "no corresponde a la CNMC realizar valoraciones sobre la oportunidad o conveniencia del reparto competencial previsto en la normativa vigente, sino aplicar el marco legal que resulta aplicable en cada procedimiento".