Red Eléctrica y CNMC llevan al Congreso su batalla por la responsabilidad del apagón

“No hay ningún informe técnico, ni uno solo, que nos impute incumplimiento”. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha defendido este lunes en el Congreso que la compañía no tuvo responsabilidad en el apagón del 28 de abril de 2025 y ha restado alcance al expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al que atribuye falta de fundamentación técnica y jurídica. La comparecencia ha abierto una nueva fase en el choque entre el operador del sistema y el regulador, que horas después ha replicado que Red Eléctrica nunca le comunicó los incumplimientos que ahora achaca a las eléctricas por no controlar la tensión.

La batalla por la responsabilidad del cero eléctrico se ha trasladado así a la comisión de investigación del Congreso, donde Corredor ha insistido en que Red Eléctrica actuó conforme a la normativa vigente y ha defendido que el origen del incidente estuvo en la falta de control dinámico de tensión por parte de centrales convencionales que estaban obligadas a prestar ese servicio.

La compañía ya había anunciado, tras la incoación del expediente, que presentaría alegaciones y ejercería “cuantas acciones proceda en su defensa”, al sostener que el procedimiento se encuentra en una fase inicial y que la apertura de un expediente no implica que se haya probado infracción alguna. También defendió entonces que los informes disponibles apuntaban a un origen multifactorial del incidente y no acreditaban una actuación del operador del sistema como causa determinante del apagón.

Corredor ha minimizado el expediente contra Red Eléctrica, pese a que es uno de los pocos en los que la CNMC aprecia indicios de una posible infracción muy grave con riesgo para el sistema y que podría acarrear una sanción de hasta 60 millones de euros.

La presidenta de la compañía ha subrayado que, de los 66 expedientes abiertos por el regulador, Red Eléctrica solo figura en uno, mientras que otras empresas acumulan más de una veintena. A su juicio, no existe una imputación formal, sino un “incipiente indicio”, y los hechos estarían “poco explicados”, lo que, según ha dicho, deja a la empresa en situación de indefensión.

Control dinámico de tensión

La discrepancia también se ha centrado en el retraso de la normativa que debía habilitar a las plantas renovables para prestar control dinámico de tensión, una herramienta considerada clave para evitar sobretensiones como las que precedieron al apagón. Corredor ha acusado en las últimas semanas a la CNMC de haber tardado cinco años en aprobar esa regulación, pese a que Red Eléctrica la habría solicitado en 2020.

Prieto ha rechazado esa versión y ha asegurado que la primera propuesta firme no llegó hasta 2021, que no podía aprobarse porque remitía a una norma de rango superior, y que Red Eléctrica no volvió a presentar una alternativa más aceptable hasta 2024. “No es tanto una falta de herramientas como elegir las que se tienen y usarlas”, ha resumido.

Rocío Prieto ha publicado el calendario de acciones desde que se tomó la iniciativa de cambiar el procedimiento de operación 7.4 sobre control de tensión en la red eléctrica. Sobre él explicaba el por qué de los retrasos y también culpabilizó a Red Eléctrica de ello ya que fue el que propuso que se llevara a cabo un proyecto demostrativo (sandbox) para ver si se podía llevar técnicamente a cabo que las renovables pudiesen ofrecer dicho servicio para el operador del sistema.

"En ningún momento hemos estado parados", ha dicho Prieto posteriormente al volver a ser preguntada por esta actualización normativa. "Hemos trabajado tanto con Red Eléctrica como con empresas generadoras para sacar adelante este procedimiento", recalcó

Punto en común: el control de tensión no está penalizado

La presidenta de Red Eléctrica ha mantenido, sin embargo, que todos los análisis técnicos descartan que una programación distinta de generación síncrona la víspera hubiera evitado el apagón. Según Corredor, el problema no fue la falta de potencia síncrona, sino la falta de control de tensión por parte de los operadores acoplados.

Prieto ha señalado que el hecho de que no existiera una penalización económica por el incumplimiento del procedimiento 7.4. en el momento del apagón, no quiere decir que no existiera una normativa que debiera ser cumplida.

"En el momento en que hemos detectado incumplimientos normativos, hemos abierto expedientes sancionadores por el periodo que hemos investigado respecto al apagón", ha señalado Prieto. La CNMC ha apuntado que hasta que no han solicitado la información sobre el apagón no han tenido los indicios para abrir dichos expedientes.

Corredor ha reconocido que, en el momento del apagón, las centrales convencionales no eran sancionadas por no prestar control de tensión y tampoco recibían retribución por esa función, una situación que cambió en julio de 2025. Aun así, ha defendido que la obligación existía y que las plantas debían absorber energía reactiva para rebajar la tensión de la red.

Prieto también ha señalado que el operador del sistema "en ningún momento" les envío comunicación de que se estuviesen produciendo incumplimientos del procedimiento 7.4.

La directora de energía de la CNMC, preguntada por si no podía haber sido el propio supervisor el que decidiera investigar este tema, ha señalado que tienen que elegir donde poner el foco, toda vez que realizan unas 1.500 inspecciones anuales.

Asimismo, ha recordado que son un supervisor "ex post", que analizan los incumplimientos posteriormente a que sucedan y que no tienen escala para verlo en tiempo real.

La Operación Reforzada

En su comparecencia, Corredor ha citado de forma reiterada el informe de los expertos europeos, que, según su interpretación, descartó una programación insuficiente por parte del operador y confirmó un problema de tensión y desconexiones. Ese mismo informe, no obstante, habla de una causa multifactorial y también apunta a que los rangos de normalidad de tensión en España estaban más ajustados que en otros países de la Unión Europea, con menos margen para evitar desconexiones.

La operación reforzada del sistema eléctrico, activada tras el apagón, se ha convertido en otro foco de disputa. Corredor ha defendido su continuidad porque, según ha dicho, se basa en la evidencia de que las plantas que tenían que cumplir sus obligaciones de control de tensión no lo hicieron.

Red Eléctrica cifra su coste en 711 millones de euros, mientras que las grandes eléctricas lo elevan a 2.100 millones hasta el 15 de mayo, con 190 millones solo entre el 1 y el 15 de mayo. Para Corredor, la operación reforzada deberá mantenerse mientras no estén ejecutadas todas las medidas previstas y no pueda comprobarse si todos los agentes cumplen.

La comparecencia también ha servido para que Corredor respondiera a las grandes eléctricas agrupadas en Aelec, que la semana pasada presentaron un informe en el que señalaban retrasos acumulados de Red Eléctrica en inversiones para ampliar la red de transporte. La presidenta del operador ha rechazado que esos retrasos expliquen el apagón y ha vuelto a situar el foco en la actuación de las centrales convencionales el día del incidente.