El Gobierno ha vuelto a dar la callada por respuesta. Y no ha sido ante un cualquiera. La mayor petrolera del país ha recibido el archiconocido silencio administrativo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El pasado 20 de febrero, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Orden IET/289/2015, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para el año 2015. Es decir, la cantidad de dinero que determinadas empresas, en su mayoría energéticas, tienen que pagar para que España destine ese dinero a políticas de eficiencia energética.
Esta orden ha sido recurrida por decenas de empresas ante el Tribunal Supremo, pero Repsol no había dado ese paso aún. Prefirió entablar una negociación privada con el Ministerio de Industria. Para ello, interpuso un recurso potestativo de reposición ante el organismo que dirige José Manuel Soria. E intentar frenar la Orden de una manera más amistosa, a través de un procedimiento administrativo, en vez de acabar en los tribunales. Pero en el Ministerio han dado la callada por respuesta.
No han estimado nada, ni han contestado nada. Silencio absoluto. Tras varios meses de silencio, se ha cumplido el tiempo suficiente para pensar en una desestimación presunta del recurso. Cuando esto sucede, permite al interesado interponer los recursos administrativos o contencioso-administrativos que en su caso correspondan. Y eso es lo que ha hecho la petrolera. Acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para interponer un recurso contra esa orden. El Alto Tribunal admitió el pasado 21 de julio el recurso de la petrolera contra el Gobierno.
Pero no es lo único. Repsol no solo está en contra de que el Gobierno le haya impuesto el pago obligatorio de 62 millones, teniendo en cuenta todos sus negocios de petróleo y butano. Poco más de una cuarta parte del total destinado en 2015 al fondo: 244 millones. No le gusta ni la cantidad y tampoco las formas. Por eso, también ha recurrido el correlativo acto de cobro por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE ) del primer pago anual efectuado por la compañía que preside Antonio Brufau con fecha 27 de febrero de 2015.
Repsol ya pagó en febrero más de 20 millones. Tiene que hacer otros dos pagos más en lo que queda de año. Y no quiere hacerlo, por ello lo recurre ante el Supremo.
Al igual que el resto de petroleras o grandes eléctricas que han decidido recurrir esta orden, la petrolera cree que la creación del Fondo de Eficiencia Energética es un error gravísimo al obligar a las empresas a realizar el pago de una cantidad, en vez de contabilizar las medidas de eficiencia energética que impulsan las compañías a través de nuevos productos o servicios a los clientes.
Aunque hasta ahora no había salido el nombre de Repsol, la petrolera sí había recurrido el Fondo de Eficiencia Energética a través de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) que interpuso su recurso ante el Supremo a los pocos días de publicarse la normativa.
De esta manera, Repsol se une a las decenas de empresas que han acudido al Supremo para defenderse de lo que creen que es injusto, pagar entre ellas las medidas de eficiencia energética de todo un país.
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