Las ayudas a la industria electrointensiva acordadas en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado, siguen siendo las mismas que se pusieron en el borrador. Tanta reunión, tanta negociación para nada. Todo sigue igual. Por tanto, las ayudas servirán de poco.
El Estatuto diferencia dos nuevos mecanismos de subvenciones. Por un lado, está la compensación por el sobrecoste de las primas a las renovables y cogeneración de alta eficiencia además de por los costes extrapeninsulares del sistema eléctrico. Según el informe del Consejo de Estado, esta compensación resultaría aplicable a 612 consumidores y representaría para su conjunto una rebaja media de 2,25 €/MWh en el precio de la electricidad.
Ello “supondría un coste en el presupuesto general del Estado de 91,88 millones de euros, 47,70 millones de euros correspondientes a la compensación por la financiación de renovables, 29,69 millones de euros correspondientes a la compensación por financiación de la cogeneración de alta eficiencia y 15,48 millones de euros correspondientes a la compensación por la financiación del extracoste de los territorios extrapeninsulares”.
¿Qué suponen 2,25 €/MWh? Pues prácticamente nada. Eso sí, para poder recibir estas ayudas las industrias están obligadas a realizar una serie de inversiones, a mejorar en la eficiencia de las plantas, a crear y mantener cierto empleo.
Por el otro lado, están los PPAs obligatorios de la industria electrointensiva. Tal y como ya contó este diario cuando se publicó el borrador allá por el mes de febrero, el Gobierno parte de la hipótesis de que un 80 % de los 612 consumidores electrointensivos suscriban contratos por 10 años. Teniendo en cuenta que las garantías que se suelen pedir por el vendedor al consumidor electrointensivo suelen estar en el entorno de los 5 /MWh, “para CESCE, como entidad que cubre el riesgo de las garantías prestadas por terceros por cuenta de estos consumidores, el riesgo máximo potencial podría alcanzar 814,8 millones de euros (…) cuantía que correspondería al primer año del contrato en el caso de que lo hicieran todos y a la vez, lo cual es imposible”.
Aunque la potencial rebaja en el precio de la electricidad es difícil de calcular, el Gobierno la cifra en el 16,11 % para el año 2021. Es decir, en el entorno de los 10 euros/MWh. Pero realmente nadie sabe cómo van a quedar cerrados esos acuerdos de compraventa de energía eléctrica renovable a largo plazo.
Por si fuera poco, para que una planta consiga ser considerada electrointensiva y formar parte de este grupo tendrá que abonar una serie cargos. Así, el impacto económico para los consumidores electrointensivos de las cargas vinculadas a la obtención y mantenimiento de la certificación que acredita que pertenecen a dicha categoría quedaría de la siguiente manera: las cargas no repetitivas alcanzarán el importe de 2.115.060 euros, a pagar una sola vez; y las cargas repetitivas, un importe de 1.249.582 euros, una vez al año. En cuanto a las cargas vinculadas a la participación en la convocatoria de subvenciones correspondientes a cada uno de los tres mecanismos de compensación de que se trata, Industria cifra en 340.885 euros el total de cargas por convocatoria.
Ahora le tocará a las industrias decidir si le merece la pena realmente formar parte de la industria electrointensiva o si por otro lado, en el mercado es capaz de conseguir mejores precios.
Dos años ha tardado el Gobierno para aprobar el Estatuto y casi un año entero desde que se publicó el borrador. De por medio, centenares de alegaciones por parte de las empresas industriales que, según el informe del Consejo de Estado, llegan a la misma conclusión: “Son insuficientes”.