El Gobierno portugués insiste en legalidad de la compra de acciones a Amancio Ortega en REN

El Gobierno de Portugal defendió de nuevo la compra de acciones de Redes Energéticas Nacionales (REN) a Pontegadea, la sociedad inversora de Amancio Ortega, e insistió en que el proceso se produjo "en estricto cumplimiento del objetivo de velar por el interés público" y cumpliendo con el marco jurídico.

La compra del 13,7% de las acciones de REN, que fue anunciada el pasado agosto, ha sido cuestionada por los dos principales partidos de la oposición, el ultraderechista Chega y el Partido Socialista (PS), que han exigido al Gobierno más detalles del proceso.

En este contexto, el Ejecutivo ya publicó una información con algunos detalles el pasado sábado, mientras que en la noche de este martes publicó más detalles.

El proceso empezó con una orden conjunta del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Medio Ambiente y Energía a Parpública -la gestora de participaciones del Estado-, que a su vez eligió a un asesor financiero y uno jurídico, servicios que tuvieron un coste de 100.000 euros, "en línea con lo habitual en este tipo de servicios", en palabras del Ejecutivo.

En cuanto a por qué se compraron las acciones de Pontegadea, el Gobierno explicó que REN tiene "un nivel de liquidez muy bajo, lo que dificulta la adquisición de una participación significativa a través del mercado y limita la disponibiilidad de paquetes accionariales relevantes".

Por eso, "la adquisición de una participación minoritaria cualificada solo parecía viable de forma realista mediante una operación en bloque con un accionista relevante".

Las acciones de REN

En este contexto, el Gobierno se dirigió al segundo mayor accionista de REN, Pontegadea, para preguntarle si estaría dispuesto a poner a disposición la totalidad de su participación del 13,7% del capital social de REN.

"La empresa acogió esta propuesta de forma positiva -continuó-, dado que se trataba del Estado portugués. A partir de ese momento, todo el proceso de negociación fue llevado a cabo por Parpública, con el apoyo de los asesores mencionados (...), y el Gobierno se limitó a dar su autorización para la conclusión de la operación".

Con la entrada del Estado en REN, el Gobierno se ha convertido en el segundo mayor accionista de la empresa, por detrás de la estatal china State Grid, que controla el 25%.

De hecho, el Ejecutivo explicó en el escrito que comunicó al Gobierno chino que su entrada en REN "no implicaba ningún cambio en la participación del 25% de State Grid. Por el contrario, al Gobierno portugués le interesa que State Grid siga siendo el accionista de referencia de REN".

El precio

En cuanto al precio, la cifra ascendió a 389,8 millones de euros. Tras las críticas, el Gobierno indicó que se pagó una prima del 15% por el lote de acciones, un importe que se fijó "tras aplicar un método habitual en el mercado, basado en la cotización media de los últimos seis meses" e inferior al inicialmente solicitado por Pontegadea, que pidió un 20%.

Además, el Gobierno reiteró que esta es "una inversión rentable".

Entre los argumentos enumerados por el Ejecutivo está que "en la Unión Europea, solo Portugal no contaba con el Estado como accionista de la empresa que gestiona la Red Eléctrica Nacional", y en un contexto de "cambios geopolíticos" con una importancia "cada vez mayor de la energía", el Gobierno considera determinante tener participación en REN.

En conclusión, el Gobierno insistió en que "la operación se llevó a cabo de conformidad con el marco jurídico aplicable" y que actuó "cumpliendo todos los requisitos legales exigibles".