El Gobierno prorroga la central nuclear de Almaraz hasta 2030 tras casi un año de negociación

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) para sus dos unidades, permitiendo que ambos reactores sigan operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030, según una orden publicada este viernes en el BOE. La decisión pone fin a un trámite iniciado en octubre de 2025, cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy (las tres propietarias de la planta) solicitaron formalmente la prórroga, que sustituye al calendario de cierre escalonado previsto inicialmente para noviembre de 2027 y octubre de 2028.

La extensión llega después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera, el pasado 16 de julio, un informe favorable condicionado al cumplimiento de los límites de seguridad nuclear y protección radiológica que ahora recoge la orden ministerial.

La renovación se formaliza a través de la Orden TED/864/2026, de 12 de agosto, según detalla el propio Ministerio en su nota de prensa oficial hoy. En ese informe de julio, el CSN precisó que había mantenido un seguimiento y supervisión continuos de la explotación de la central durante todo el periodo de vigencia de la autorización actual, además de evaluar la documentación que consideró necesaria para esta renovación. En términos concretos, la extensión supone 31 meses adicionales de operación para la Unidad I y 19 meses para la Unidad II respecto al calendario de cierre que regía hasta ahora.

Fuentes del Miteco explicaron este viernes que la prórroga se concede tras verificar tres condiciones: que la operación sea "segura para las personas" (extremo constatado por el CSN), que no comprometa la "seguridad de suministro" y que no suponga "coste" alguno para los ciudadanos, ya que se otorga sin rebajas fiscales ni compensaciones económicas para las eléctricas, pese a que estas las habían reclamado.

El departamento que dirige Sara Aagesen enmarca la decisión en el contexto internacional derivado del conflicto en Oriente Medio y la persistencia de la guerra en Ucrania, que han disparado la volatilidad de los precios del gas. Según los cálculos del Gobierno, mantener Almaraz operativa hasta 2030 tendrá un efecto "acotado y poco significativo" sobre el despliegue renovable, contribuirá a reducir la dependencia del gas y ayudará a moderar la exposición de los consumidores a picos de precios de combustibles fósiles. El Ejecutivo insiste en que su apuesta por las renovables "permanece intacta" y subraya que la medida afecta en exclusiva a Almaraz, sin alterar la fecha de cierre definitivo del resto del parque nuclear español, fijada para 2035.

Fuentes del Miteco han cuantificado ese impacto: la reducción de la aportación renovable prevista para 2030 como consecuencia de mantener Almaraz activa será de "poco más del 1%", un porcentaje que el departamento califica de "marginal" y que, sostiene, no altera de forma significativa la senda de transición energética del país.

Según CNAT, la entidad que opera, gestiona y administra conjuntamente Almaraz y Trillo, la autorización del MITERD supone un "reconocimiento al trabajo desarrollado por el equipo de profesionales de CN Almaraz, así como al permanente esfuerzo inversor para la mejora de su seguridad, actualización y modernización tecnológica." CNAT ha reiterado "su compromiso para seguir operando la Central Nuclear de Almaraz de forma segura, fiable, eficiente y manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo de acuerdo con la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO)."

La decisión ha generado reacciones políticas encontradas. El PP celebró lo que considera una "rectificación" del Gobierno, aunque la calificó de insuficiente y exigió la cancelación completa del calendario de cierres nucleares en España. Núñez Feijóo ha considerado una "gran noticia" la "rectificación" del Gobierno y ha defendido que la energía nuclear "es imprescindible para evitar nuevos apagones".

En un comunicado, los populares acusaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez de reconocer así "el fracaso" de su política energética y de haber tramitado la prórroga "de tapadillo", vía BOE, sin anuncio público, calificándola de "parche" a una gestión que tildan de "ideologizada".

El PP dirigió además su crítica de forma nominal contra la ministra Sara Aagesen, a quien acusó de haberse opuesto "de manera constante y reiterada" a la petición popular de prorrogar Almaraz. "Desde el principio el Gobierno sabía que no se podían cerrar las nucleares. Este Gobierno solo sabe engañar", sostienen fuentes del PP y defienden la energía nuclear como garantía de "autonomía estratégica" frente a terceros países y como herramienta para contener los precios eléctricos.

Los trabajadores de la central de Almaraz celebran prórroga e instan a ampliarla

El presidente del comité de empresa de la central de Almaraz, Borja Romero, ha celebrado la publicación de la continuidad de la planta hasta 2030, si bien espera que no sea "una prórroga aislada" para que el horizonte de vida productiva sea "mucho más amplio y estable". No obstante, se trata de una decisión que supone, de momento, "un gran alivio tras muchos meses de incertidumbre" para la plantilla y sus familias".

Romero ha afirmado que la resolución permite a los trabajadores "dejar atrás las dudas" y centrar sus esfuerzos "en una sola vía, la de la continuidad", al tiempo que ha destacado la preocupación existente por el futuro de los empleos y de la comarca del Campo Arañuelo.

"Devuelve la tranquilidad" a la comarca según plataformas ciudadanas

'Sí a Almaraz, Sí al futuro', que agrupa a más de un centenar de ayuntamientos, empresas y organizaciones en defensa de la central, mostró su satisfacción. Su presidente, Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy, citó como precedente la central gemela de Almaraz en Virginia (Estados Unidos), North Anna, ya autorizada a operar hasta los 80 años.

La plataforma recuerda que Almaraz cubre en torno al 7% de la demanda eléctrica anual de España, abastece a unos cuatro millones de hogares y evita la emisión de cerca de seis millones de toneladas de CO2 al año, y que su cierre habría supuesto la pérdida de unos 4.000 empleos directos e indirectos en la región. El movimiento, que cuenta con el respaldo de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, seguirá reivindicando que el futuro de la central se decida con criterios "exclusivamente técnicos, de seguridad y de interés general".