El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado este jueves el informe favorable a la prórroga de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, tal y como habían solicitado el pasado mes de noviembre Iberdrola, Endesa y Naturgy, empresas propietarias de la instalación. Según ha adelantado el diario El País, el organismo regulador ha dado luz verde a la continuidad de la planta desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, sin imponer inversiones adicionales a las ya contempladas en la última autorización de explotación.
Fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear consultadas por El Periódico de la Energía han confirmado igualmente la aprobación del informe favorable del pleno, aunque recuerdan que la autorización definitiva corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que deberá analizar el expediente completo antes de adoptar una decisión y, en su caso, aprobar una nueva orden ministerial que formalice la prórroga.
Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalan que están a la espera de recibir el preceptivo informe del CSN sobre la solicitud presentada por la Central Nuclear Almaraz-Trillo (CNAT) para renovar la autorización de explotación hasta el 8 de junio de 2030. Una vez recibido, el departamento estudiará tanto el dictamen del organismo regulador como el resto de la documentación que integra el expediente antes de resolver sobre la autorización de explotación. A partir de ahora, Sara Aagesen y su equipo tienen un tiempo de 2 meses para emitir su veredicto final en cuanto a la central nuclear extremeña.
Informe limitado a materia de seguridad y competencias técnicas
El informe aprobado por el CSN se limita exclusivamente al ámbito de sus competencias técnicas en materia de seguridad, por lo que la decisión política corresponde ahora al Ejecutivo. La autorización implicaría modificar el calendario de cierre actualmente vigente mediante la derogación de la orden ministerial que fijó el cese escalonado de los dos reactores.
La reunión del pleno del CSN se produce después de que el debate previsto para la pasada semana fuera aplazado a petición de uno de sus consejeros, que solicitó más tiempo para analizar la documentación. El Estatuto del organismo permite a cualquiera de sus miembros solicitar hasta dos aplazamientos para el estudio de un expediente. Finalmente, el pleno, integrado por el presidente Juan Carlos Lentijo, la vicepresidenta Pilar Lucio y los consejeros Javier Dies, Francisco Castejón y Silvia Calzón, ha respaldado el informe técnico favorable.
La solicitud de prórroga fue presentada por Iberdrola, Endesa y Naturgy con el objetivo de extender la actividad de los dos reactores hasta junio de 2030, frente al calendario vigente, que contemplaba el cierre del reactor I el 1 de noviembre de 2027 y del reactor II el 31 de octubre de 2028. Aunque Iberdrola, propietaria del 53% de la instalación, y Endesa, con un 36%, defendían inicialmente una extensión de diez años, Naturgy, que controla el 11% restante, se mostró partidaria de una ampliación más limitada. Al tratarse de una comunidad de bienes, las decisiones entre los propietarios debían adoptarse por unanimidad.
Calendario de cierre
La petición supone revisar el calendario de cierre pactado en 2019 entre las empresas propietarias del parque nuclear español y Enresa, que establecía el cierre escalonado de todas las centrales entre 2027 y 2035. Aun así, dicho protocolo no tenía carácter vinculante y las compañías conservaron la posibilidad de solicitar una renovación de sus autorizaciones dentro de los plazos legales.
El visto bueno del CSN era ampliamente esperado, ya que las autorizaciones técnicas del organismo suelen concederse por periodos de diez años y la central ya disponía de una licencia desde el año 2020 que acreditaba el cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias para operar durante ese horizonte temporal.
Líneas rojas
La tramitación de la prórroga también ha estado marcada por el debate sobre la fiscalidad que soportan las centrales nucleares. Iberdrola y Endesa habían reclamado durante los últimos meses una reducción de determinados impuestos, especialmente el gravamen sobre el combustible nuclear gastado aprobado en 2013 para contribuir a reducir el déficit tarifario. Sin embargo, ambas compañías acabaron renunciando a esa exigencia ante la negativa del Gobierno, que consideraba esa modificación una línea roja.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado en los últimos meses que cualquier decisión sobre una eventual prolongación de la vida útil de las centrales nucleares deberá cumplir tres condiciones innegociables. En concreto, ha condicionado cualquier extensión de la actividad a que se garantice plenamente la seguridad nuclear -la cual se cumple según el dictamen del Consejo-, se preserve el suministro eléctrico y no suponga costes adicionales para los ciudadanos, unas premisas que el Ejecutivo ha mantenido como marco para analizar la solicitud de prórroga de Almaraz.
La decisión que adopte ahora el Ministerio marcará además el precedente para futuras solicitudes de renovación de otras centrales españolas. La posible extensión de Almaraz hasta 2030 coincidirá con el vencimiento de las autorizaciones de explotación de Cofrentes y Ascó I, cuyos propietarios deberán iniciar igualmente el procedimiento de solicitud de prórroga ante el Consejo de Seguridad Nuclear en los próximos años.
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