El Gobierno saca a concurso la explotación de 14 centrales hidroeléctricas en Aragón y Cataluña

El Gobierno ha iniciado el procedimiento para adjudicar mediante concurso público la explotación de 14 centrales hidroeléctricas ubicadas en Aragón y Cataluña, tras el vencimiento de varias concesiones históricas. La medida afecta a instalaciones situadas en las cuencas del Ebro y del Segre, con una potencia instalada superior a los 55 megavatios (MW).

Concretamente, las centrales objeto del concurso están repartidas entre las provincias de Huesca, Zaragoza y Lleida.

La convocatoria, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contempla la concesión de autorizaciones temporales de uso del dominio público hidráulico, en régimen de concurrencia competitiva. El objetivo es garantizar una explotación eficiente, sostenible y ajustada a los nuevos retos de la transición energética.

Operativas e inactivas

Entre las instalaciones incluidas en el proceso hay tanto centrales actualmente operativas como otras que se encuentran inactivas o en estado de abandono. El Gobierno considera que estas infraestructuras tienen un potencial significativo para ser modernizadas, reactivadas o incluso repotenciadas mediante inversiones moderadas.

"Estas actuaciones permitirán no solo aumentar la generación de energía limpia, sino también reforzar la resiliencia y multifuncionalidad de las infraestructuras hidráulicas", se destaca en la memoria justificativa publicada por la Dirección General del Agua.

El documento también señala que la gestión eficiente de estos aprovechamientos contribuye a mejorar la regulación de los caudales, apoyar el mantenimiento de infraestructuras asociadas —como azudes y canales— y favorecer la restauración ecológica del entorno fluvial.

Asimismo, el nuevo modelo reemplaza al tradicional sistema concesional, apostando por un régimen más ágil y revisable, adaptado a los objetivos de sostenibilidad y aprovechamiento racional del recurso hídrico.

Bases del concurso

Las bases del concurso establecen que las ofertas serán valoradas atendiendo a una batería de criterios técnicos, económicos y ambientales. Entre ellos, destacan la potencia instalada prevista, el rendimiento energético del aprovechamiento, la inversión económica comprometida, el respeto al régimen ecológico de caudales y la integración ambiental de las instalaciones.

También se tendrá en cuenta el impacto social del proyecto, premiando aquellas propuestas que contemplen generación de empleo local, colaboración con entidades municipales o regionales, o fórmulas cooperativas de gestión energética.

Asimismo, se exigirá a los adjudicatarios la presentación de un proyecto técnico detallado, un plan de inversiones, y la constitución de garantías económicas que aseguren el cumplimiento de los compromisos adquiridos a lo largo de la vida útil de la autorización.