El Gobierno saca a consulta pública un Real Decreto para fomentar los combustibles renovables en España

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto a consulta pública el proyecto de Real Decreto que transpone la Directiva Europea de Renovables revisada (DER III), con el propósito de acelerar la integración de energías renovables en el transporte y garantizar el cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030).

La propuesta normativa establece obligaciones para que los suministradores de combustibles introduzcan energía renovable en todos los modos de transporte, lo que permitirá lograr una reducción del 16,3% en las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. Este avance supondrá un importante beneficio económico para España, ya que se estima un ahorro de más de 3.000 millones de euros anuales en importaciones de combustibles fósiles al finalizar la década, equivalente a un 10% del actual déficit energético de la balanza comercial.

El proyecto impulsa especialmente la electrificación del transporte, incorporando un sistema innovador de créditos de electricidad renovable, conocidos como e-credits, que permitirá a los suministradores contabilizar la energía limpia consumida por los vehículos eléctricos y generará ingresos adicionales para los operadores de puntos de recarga.

Asimismo, se fomentará el uso de combustibles renovables producidos en España, especialmente aquellos derivados del tratamiento de residuos o de origen no biológico, gracias a un sistema de incentivos que premiará las opciones con menor impacto ambiental frente a los combustibles elaborados a partir de cultivos alimentarios.

Metodología de cálculo de los esfuerzos en descarbonización

Entre los cambios más significativos, la nueva norma modifica la metodología de cálculo de los esfuerzos en descarbonización, pasando de un sistema basado en el contenido energético a otro centrado en la reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero. Este cambio busca priorizar aquellas alternativas que realmente contribuyen a disminuir la huella de carbono.

El Real Decreto fija metas ambiciosas para el transporte por carretera, la navegación de cabotaje, el transporte ferroviario no electrificado y el sector de la aviación, en línea con los objetivos marcados a nivel europeo, y prevé objetivos específicos para combustibles avanzados como los biocarburantes, el biogás y el hidrógeno renovable.

La propuesta también refuerza la transparencia y el control a lo largo de la cadena de valor, mediante la creación de un Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad que garantizará la trazabilidad de estos combustibles desde su origen hasta su comercialización, evitando fraudes y prácticas de greenwashing.

Para visibilizar los esfuerzos de las empresas más comprometidas, la normativa introducirá distintivos que reconocerán cada año a las compañías que logren mayores reducciones de emisiones con combustibles y electricidad renovables, así como a aquellas que certifiquen el mayor volumen de hidrógeno renovable.

El texto prevé un régimen sancionador para las empresas que no cumplan con sus metas de reducción de emisiones, que contempla desde multas económicas hasta la suspensión temporal de la actividad en casos de reiteración. Con estas medidas, España busca avanzar decididamente hacia un modelo de transporte más sostenible, reducir su dependencia energética del exterior y fortalecer su autonomía estratégica.