Las autoridades españolas no han enviado ninguna notificación a la Comisión Europea (CE) sobre la posible renovación de la central nuclear de Garoña hasta 2031, ni el plan de inversión, ni información que permita a la institución evaluar el impacto ambiental de esta decisión.
La Comisión “no ha recibido ninguna notificación” en el marco del artículo 41 del Tratado Euratom, según el cual se le deben comunicar los proyectos de inversión relativos a las actividades nucleares en los Estados miembros, recalcó el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, en una respuesta a una pregunta escrita de la eurodiputada socialista española Iratxe García Pérez.
En cambio, la CE sí está “al corriente de la evolución de la legislación (española) en relación con la renovación de las solicitudes de explotación de instalaciones nucleares”, señaló .
En concreto, el Gobierno español notificó oficialmente a Bruselas la nueva legislación aprobada el 21 de febrero con la que modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y que permitió a la central nuclear de Garoña solicitar la renovación de su licencia y retomar su actividad.
El titular alemán de la CE subrayó también que las decisiones sobre la posible renovación de la licencia de explotación de una central nuclear “es un asunto de competencia nacional” y “es responsabilidad de los Estados miembros velar porque las instalaciones nucleares se exploten de forma segura”.
Igualmente dejó claro que la seguridad de las instalaciones nucleares debe evaluarse “cada 10 años” y que cada seis años deben llevarse a cabo revisiones por homólogos a nivel europeo, en las que participará la CE y que estarán centradas en un tema técnico común.
El operador Nuclenor, participada al 50 % por Endesa e Iberdrola, ha solicitado permiso para ampliar la vida útil de Garoña en 17 años, con un estudio de seguridad limitado a 10.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado una instrucción técnica con nuevos requisitos para estudiar la renovación de la nuclear, de cara al informe preceptivo que remitirá al Gobierno.
Nuclenor pidió que se permita operar a Garoña hasta 2031, para lo que se requiere un informe técnico del CSN que, si es negativo, obligaría al cierre definitivo y, si es positivo, dejaría la decisión última en manos de Industria y el Consejo de Ministros.
En 2031, la planta atómica alcanzaría los 60 años de antigüedad.
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