El Gobierno tomará una decisión sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en 2019, cuando acometa la actualización del Plan de Gestión de Residuos Nucleares de 2006, que está pendiente desde 2011, tal y como adelantó este diario en exclusiva hace unos días.
Así lo ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una comparecencia a petición propia en el Congreso para explicar las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo después de solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que dejara en suspenso la emisión del informe sobre la autorización de construcción del ATC.
Para Ribera, "tenemos un plan caducado y se ha estado planificando un ATC tomando como referencia una situación que no se corresponde con la actual, en que las magnitudes que se manejan no necesariamente se corresponden con la realidad de las necesidades y con una falta de previsión en el horizonte temporal".
El pasado julio, el Gobierno solicitó al CSN que dejara en suspenso la emisión del informe sobre la autorización de estas obras para analizar con detalle la situación del silo nuclear, una decisión que fue aplaudida por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha y las organizaciones ecologistas.
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Teresa Ribera anticipó entonces que el Ejecutivo tomaría una decisión cuando supiera cuándo, qué y en qué condiciones se deben almacenar esos residuos, una cuestión que ha vuelto a subrayar al reconocer que "no sabemos de cuántos residuos hablamos y cuánto cuesta gestionarlos", por lo que "no podemos hacer una estimación del coste que puede tener el cierre de las centrales nucleares".
Además, la ministra de Transición Ecológica,ha explicado que la decisión de su departamento de paralizar la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), se debe a la falta de "escucha y de consenso" existente entre las partes implicadas en este proyecto.
"La capacidad de escucha y consenso es mejorable", ha señalado Ribera durante su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, quien ha recordado que la propia Cámara baja, como las Cortes de Castilla-La Mancha y el Ejecutivo de dicha autonomía, mostraron su rechazo a esta iniciativa, a pesar del cual, la construcción del ATC continuó adelante.
La ministra ha apuntado, además, que este rechazo se "intentó superar" con la "instrumentalización" del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, según ha indicado, puso en riesgo "su legitimidad" en la toma de decisiones.
Para Ribera, estas medidas no son sólo "una cuestión técnica" sino que, "requiere la participación y el consenso" de todos los actores para "anteponer el interés general" a "cualquier otra cuestión". Así, ha adelantado que su departamento pretende "escuchar" a todas las partes --"técnicos, las Cortes generales, las Cortes de Castilla-La Mancha, Gobierno de Castilla-La Mancha y ciudadanos"-- antes de continuar.
"No podemos despreciarlos. No hay posicionamiento ideológico al respecto. Sólo rigor y el cumplimiento de las demandas legislativas desde los diferentes sectores", ha apuntado.
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