El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha convocado para este 30 de septiembre vista oral en el caso que afecta a Castelnou (Grupo GDF Suez), apoyado por Greenpeace, contra la Comisión Europea, apoyada por **Carbunión **junto con el Reino de España, la Junta de Castilla y León, EON y EDP.
Este procedimiento tiene su origen en la impugnación por parte de Castelnou de la decisión de la Comisión Europea de 2010, en la que se basa el Real Decreto de ese mismo año, que autoriza un régimen de ayudas para la producción de electricidad a partir de carbón autóctono.
En total 10 centrales eléctricas afectadas en toda España están obligadas en el marco de la normativa mencionada a abastecerse de carbón nacional y asimismo se reguló su entrada en funcionamiento de forma preferente frente a otras centrales de gas, fuel u otro combustible. El mecanismo establece una compensación económica a las centrales afectadas por estas medidas, que se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2014. Se trata de ayudas que la Comisión Europea declaró compatibles con el mercado interior.
En enero de 2011, Castelnou Energía interpuso un recurso que dio inicio a este procedimiento y tres meses más tarde Carbunión y el resto de coadyuvantes solicitaron intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión y del Gobierno de España.
La demandante es propietaria de una central de ciclo combinado en la provincia de Teruel que utiliza gas como combustible, y alega que el mecanismo descrito tiene una incidencia negativa sobre sus actividades. Castelnou es apoyada por un único coadyuvante, Greenpeace, cuyos argumentos presentados se alejan de la compatibilidad de la medida y debate otras cuestiones relacionadas con las emisiones de CO2.
Carbunión recuerda sobre este punto que la medida no provoca un aumento de las emisiones de CO2 sobre lo pactado, ya que se trata de consumir el carbón previsto en el plan firmado por el Gobierno de España, el cual ya contemplaba en su cómputo de emisiones el consumo de un tonelaje incluso superior al finalmente realizado.
El Estado y de la misma forma Carbunión argumentan a su vez que las centrales de ciclo combinado no se han visto alteradas por el mecanismo de apoyo al carbón nacional puesto en marcha en 2010, sino por el incremento de los precios de gas que provoca que muchos de los ciclos combinados se queden fuera del mercado al ser estos grupos térmicos más caros que las centrales de carbón.
En respuesta a los argumentos planteados por la empresa demandante, la patronal de las empresas mineras y otros de los personados en la causa insiste en los efectos beneficiosos del uso del carbón nacional en cuanto a la garantía de suministro eléctrico en nuestro país y la flexibilidad del sistema.
El Reino de España puntualiza que la posibilidad de favorecer las fuentes de combustión de energía primaria autóctonas por razones de seguridad del suministro está prevista tanto por las Directivas de la Unión como por la legislación española. El Consejo de Estado ha reconocido además la compatibilidad de Ia medida discutida con esa legislación.
Carbunión adjunta en este procedimiento varios documentos técnicos donde se demuestra la bondad de la medida en cuestión de cara a mantener la seguridad de suministro y el papel que cumplen en ella las centrales de carbón autóctono.
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