El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha registrado la proposición de ley para modificar el procedimiento de autorización del cierre de instalaciones de generación eléctricas, que amplía las causas por las que puede denegarse a un propietario que lo solicite.
La proposición modifica el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, al que añade un nuevo apartado por el que se podrá denegar el cierre de una central si los organismos competentes advierten que su clausura puede incidir negativamente en los precios, la competencia en el mercado eléctrico, las emisiones de gases de efecto invernadero o el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética.
De acuerdo con la iniciativa, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será el organismo encargado de hacer los dictámenes sobre la incidencia de un cierre en los precios o la competencia en el mercado eléctrico, y la Oficina de Cambio Climático en las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) hará los correspondientes al impacto que tendrían en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética.
Si alguno de los órganos competentes citados advierte que el cierre pudiera tener una incidencia desfavorable "significativa", la autorización para cerrar la instalación será denegada.
Cualquier solicitud de cierre, temporal o definitivo, de instalaciones de producción de energía eléctrica peninsulares de una potencia instalada de más de 50 megavatios (MW), requerirá, con carácter preceptivo, de esos dictámenes, que deberán ser emitidos en tres meses.
La Administración, recoge la proposición, podrá solicitar que la emisión de los dictámenes se realice considerando de forma conjunta el impacto desfavorable de varias solicitudes de cierre temporal o definitivo de instalaciones de producción eléctrica, planteadas por uno o varios titulares.
En los casos en que la denegación de la autorización de cierre no obedezca al riesgo para la seguridad del suministro, se podrán establecer medidas para hacer que una central siga funcionando, entre las que se incluirá un procedimiento de concurrencia competitiva para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.
En el caso de las nucleares, la proposición señala que tanto la expresa comunicación al Ministerio de Energía de la intención de cesar en la explotación de una central como el vencimiento del plazo establecido sin que se haya presentado la solicitud para renovar la autorización de explotación, se considerarán como una solicitud de autorización de cierre.
De esta forma, los organismos citados anteriormente deberán emitir sus dictámenes, sin perjuicio de los informes que haya que solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
No obstante, una vez vencido el plazo para solicitar la renovación de la autorización de explotación, a través de una orden ministerial, se podrá establecer un nuevo plazo en el que deberá presentarse obligatoriamente la solicitud.
La proposición de ley, cuyas medidas tendrán que ser desarrolladas reglamentariamente, incluye un nuevo apartado en el artículo 64 de la Ley del Sector Eléctrico -relativo a infracciones y sanciones-, por el que será considerada infracción muy grave incumplir la obligación de presentar la solicitud de renovación de la autorización de explotación de centrales nucleares en el plazo establecido.
La proposición de ley del grupo popular, que ya anunció el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se presenta después de que el Ministerio intentara, después del cierre de la central nuclear de Garoña y el anuncio de Iberdrola de cerrar las de carbón que tiene en Lada, en Asturias, y Velilla, en Palencia, cambiar la regulación de las autorizaciones de cierre por un real decreto, al que la CNMC puso numerosas objeciones.
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