El PP lleva la próxima semana al Congreso una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias

El PP llevará al Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición de ley con la que plantean que, en caso de crisis, se aplique el tipo mínimo permitido del IVA a la energía y a las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

La proposición de ley tiene por objeto apoyar al sistema alimentario español como sector estratégico esencial de la economía y su admisión a trámite se debatirá en la sesión plenaria del martes, 9 de diciembre, según consta en el borrador del orden del día del Pleno recogido por Europa Press.

El texto legislativo incluye un paquete de medidas tributarias para aliviar los costes de producción en el campo para garantizar la rentabilidad y el futuro de las explotaciones y empresas del sector primario.

En este escenario, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo propone reducir, de forma temporal, la cuantía del IVA que soportan todos los agentes del sistema y que impacta directamente en el precio de los alimentos, como la energía y los combustibles, o las materias primas e insumos necesarios para la actividad agraria que han registrado importantes "incrementos de precio" para los agricultores y ganaderos.

Ayudas y el IVA energético

Por otro lado, la formación propone la concesión de ayudas estatales en forma de "mínimis", o subvenciones de bajo importe, destinadas a las explotaciones de aquellos sectores que se encuentren en situación de crisis y vean en riesgo su continuidad en el ciclo de producción.

El PP quiere establecer criterios homogéneos en todo el territorio nacional para dar estas ayudas ante situaciones de la misma vulnerabilidad que, además, serían conocidos previamente por los interesados.

Eso sí, la ley plantea que estos recursos se otorguen en tanto se desarrolla, en el marco del sistema de seguros agrarios combinados, un seguro de estabilización de los ingresos que permita la gestión de los riesgos sobre los ingresos relacionados con la actividad agraria.

Seguimiento de los mercados

En otro orden de cosas, el PP incluye en la propuesta una sistema de seguimiento integral de los mercados y de las condiciones de los intercambios comerciales que sería desarrollado por los ministerios de Agricultura y Economía, en colaboración con las comunidades autónomas.

El objetivo de esta medida es identificar las amenazas a las que los productores están sometidos, facilitar la adopción de las medidas correctoras oportunas y evaluar el impacto de los riesgos.

En el caso de que por este seguimiento más estricto de los mercados haya consecuencias en los intercambios comerciales con diferentes países, el PP cree que deberá trabajarse de manera anticipada en la búsqueda de nuevos mercados que resulten adecuados para redirigir las exportaciones españolas.

De su lado, el PP quiere que el seguro agrario combinado incorpore la posibilidad de cubrir nuevos riesgos derivados de la variabilidad de los mercados, y reforzar su viabilidad, técnica y económica, permitiendo garantizar las coberturas que se ponen a disposición de los agricultores asegurados.

También propone modificar la ley de seguros agrarios combinados para incorporar el riesgo de ingresos de las explotaciones agrarias entre los riesgos asegurables, todo ello en concordancia con los reglamentos europeos.

Residuos vegetales

Por su parte, se propone la modificación del artículo 27.3 de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para ajustar el tratamiento que debe darse a los residuos vegetales al criterio general establecido en la ley para el conjunto de residuos.

En clave medioambiental, el PP plantea que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico desarrolle los estudios y trabajos precisos para impulsar el acceso de los agricultores al mercado de carbono, que permita a los agricultores y ganaderos obtener una compensación por la captura y almacenamiento de carbono en tierras y cultivos, de tal forma que puedan contar con una fuente de ingresos adicional por su papel en la lucha contra el cambio climático.

También se incluye una disposición adicional para obligar al Gobierno a realizar una revisión de los Planes Hidrológicos en vigor, así como de los Planes Especiales de Sequía, para adaptarlos a los escenarios de sequía cada vez más recurrentes, y priorizar aquellas inversiones de regulación que permitan una mayor adaptación al cambio climático.

Por último, la formación propone delimitar el marco al que deben ajustarse las medidas desarrollados a tenor de la Ley de Restauración de la Naturaleza que tiene por objeto restaurar los ecosistemas degradados, pues dice que está generando una "importante incertidumbre" entre productores y el conjunto de operadores del sector agrario.