El Partido Popular (PP) ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para la reducción de la factura eléctrica.
Concretamente, el PP pretende que se reduzca el tipo de gravamen el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% al 0%. Como no se puede eliminar como tal el impuesto, es la manera de poder hacerlo reduciéndolo al 0%.
Según sus cuentas, esta reducción del IVPEE al 0% "podría contribuir a la reducción de la factura eléctrica a todos los consumidores en una cuantía de 1.500-1.600 millones de euros al año".
Como compensación, el PP propone que el dinero percibido por los derechos de emisión de CO2 se trasladen en su totalidad a cubrir los costes del sistema eléctrico. "Se propone el aumento del límite a ingresar al sistema eléctrico procedente de las subastas de derechos de emisión de CO2 a fin de actualizarlo a los ingresos que realmente se obtienen con dicho mecanismo y compensar la disminución de ingresos por la reducción del tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica".
Según la Proposición de Ley, se modificará el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Y quedará de la siguiente forma: "El ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 2.000 millones de euros".
Según explica el PP en su escrito al Congreso, esta reducción del IVPEE afectará a la retribución que perciben las renovables, cogeneración y residuos. Por tanto, también se tendrán que modificar los actuales parámetros retributivos de estas instalaciones.
"A fin de que el impacto de la reducción del tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica se refleje en las facturas eléctricas de todos los consumidores, es necesario reducir la retribución que reciben las instalaciones con derecho a régimen retributivo específico en el importe que van a dejar de abonar por la reducción del impuesto. Como consecuencia de la reforma propuesta, es obligada la adaptación de los parámetros retributivos de las instalaciones con derecho a régimen económico específico conforme a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico", asegura la formación que dirige Pablo Casado en su exposición de motivos.
Llama la atención que ahora el PP presente una proposición de ley de estas características cuando fue el mismo PP quien aprobó este impuesto en 2012 como principal herramienta fiscal para ajustar las cuentas del sistema eléctrico.
Y justo lo hace cuando faltan solamente tres semanas para que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la idoneidad de este impuesto. El TJUE podría tumbarlo en su decisión que se conocerá el próximo 3 de marzo.
Por tanto, el PP podría llegar tarde con esta medida si finalmente el TJUE decide acabar con este impuesto que grava toda la producción de electricidad en España y que castiga a todos los consumidores a través de la factura de la luz.
Trasladar la deuda a los PGE
Además, el PP propone realizar una serie de modificaciones de la Ley del Sector Eléctrico que ellos mismos aprobaron en 2013. De tal forma, que el PP considera necesario que algunos costes regulados sean financiados por los Presupuestos Generales del Estado, al mismo tiempo que se reduce la factura eléctrica para todos los consumidores.
Estos costes se refieren a las anualidades correspondientes a la deuda del sistema eléctrico y a los extracostes derivados de la actividad de producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares.
En esta línea, se propone que las anualidades correspondientes a la deuda del sistema eléctrico, con sus correspondientes intereses y ajustes se financien en un 100 por ciento con cargo a los PGE durante un período de tres años, con objeto de reducir la factura a todos los consumidores eléctricos, en especial a las familias y a los consumidores vulnerables, así como contribuir a incrementar la competitividad de la industria.
La devolución de la deuda del sistema eléctrico implica un coste regulado que se repercute en la factura eléctrica, mediante el pago de una anualidad a los tenedores de la deuda, así como los intereses correspondientes, que suponen 2.500-2.600 millones de euros al año, aproximadamente.
Adicionalmente, los extracostes de los territorios no peninsulares son actualmente financiados en un 50 por ciento con cargo a los PGE y en un 50 por ciento por los costes regulados del sistema eléctrico. Por tanto, estos extracostes, que se integran como coste regulado, son repercutidos en las facturas eléctricas de todos los consumidores a través de los peajes de acceso, y suponen un coste de 700-800 millones de euros al año, aproximadamente.
"Con el objetivo de reducir la factura eléctrica, se propone que los extracostes sean financiados en su totalidad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, debido a que su financiación parcial por parte del sector eléctrico obedece exclusivamente a decisiones de política territorial, y no de política energética. Por tanto, se considera que estos sobrecostes deben ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado y no por el consumidor de energía eléctrica", explica el PP.
Sin duda es una propuesta que daría un vuelco por completo al sistema eléctrico. El siguiente paso es que la mayoría del Congreso apruebe estas importantes modificaciones de dos de las leyes más importantes del sector, la Ley del Sector Eléctrico y la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
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11/02/2021