El PP ha alertado de las consecuencias de un posible recorte en las retribuciones a la distribución y transporte del gas y la electricidad, al creer que puede facilitar la llegada de fondos de inversión de alto riesgo a los operadores Red Eléctrica y Enagás.
Por ello, el portavoz adjunto de los 'populares' en el Congreso Guillermo Mariscal ha reclamado "prudencia" tanto al Gobierno como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que "no se ponga en riesgo la estabilidad" de los operadores del sistema.
"Tanto el regulador como el Ministerio deberían mandar mensajes de tranquilidad y que los cálculos que se hagan eviten que se ponga en riesgo la estabilidad de compañías de este nivel", ha manifestado Mariscal en declaraciones a Europa Press.
Tras recordar que estas empresas "son estratégicas" y "claves para el desarrollo y control de las redes", ha señalado que, según su análisis, "sin quererlo" el Gobierno y la CNMC pueden estar haciendo una llamada a la llegada de fondos cortoplacistas. Esto, ha recalcado, puede "hacer peligrar inversiones".
Según las circulares publicadas por la CNMC, en el próximo período regulatorio (2020-2025 para la electricidad y 2021-2026 para el gas) la retribución inicial para la distribución de electricidad quedará fijada en 5.455 millones de euros al año, lo que supone un recorte del 7%; la de transporte de electricidad en 1.656 millones de euros al año, un 8,2% menos; la distribución de gas en 1.420 millones de euros al año, un 17,8% menos; y la de transporte de gas y regasificación en 1.186 millones de euros, un 21,8% menos.
Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, cuando se dieron a conocer estos recortes, las cinco grandes eléctricas y gasistas españolas --Enagas, Red Eléctrica, Naturgy, Endesa e Iberdrola-- perdieron más de 4.400 millones de euros en Bolsa.
Cabe recordar que el PP, estando en el Gobierno, fue el primero que promovió un recorte de similar magnitud tanto a los operadores y transportistas como a las distribuidoras de electricidad y gas. A finales de 2017, el por entonces secretario de Estado, Daniel Navia, acudió a Londres para dar a conocer sus planes a inversores extranjeros y eso produjo fuertes caídas en las bolsas para las compañías.
¿SERÁN SUFICIENTES PARA REALIZAR INVERSIONES?
Por otro lado, Mariscal ha señalado la necesidad de realizar inversiones para encarar la transición energética, con el fin de adaptarse a la llegada de nuevos generadores --el objetivo en 2050 es contar con una red 100% renovable, recuerda--, y avanzar hacia sistemas de automatización y control en el transporte.
"Eso exige financiación, y en las alegaciones (a las circulares de la CNMC, que expiran el próximo 9 de agosto) veremos si eso está en riesgo", ha explicado, destacando también "el silencio del Gobierno" sobre el anunciado recorte en las retribuciones.
"Nos parece sorprendente. No ha opinado, no ha hablado. También es verdad que llevan un año y en el sistema eléctrico no han hecho absolutamente nada", ha lamentado. "Expone deseos, principios, que pueden ser compartidos o no, pero no ejecutan ni ejercen la tarea de acción política a la que están obligados", ha apostillado.
SUPRIMIR IMPUESTO DEL 7% Y EXTRAER COSTES EXTERNOS
El portavoz adjunto de los 'populares' en el Congreso, que ejerció de portavoz energético en la pasada legislatura, ha llamado a esperar a la conclusión de las alegaciones y a comprobar si, tras la aprobación de estos nuevos cálculos, el Gobierno se decide a abrir un diálogo con la CNMC.
"Esperamos que las decisiones que se tomen en estas materias sean siempre dialogadas con el sector y que las consecuencias que tienen las circulares no repercutan en el empobrecimiento de la sociedad ni en problemas de suministro", ha declarado.
Asimismo, Mariscal ha incidido que, si lo que se quiere buscar es un abaratamiento de la tarifa eléctrica, el PP ya ha planteado una propuesta para hacerlo a través de la supresión definitiva del impuesto a la generación de electricidad del 7%, que el Gobierno ya suprimió temporalmente ante la escalada de precios.
En esta misma legislatura, los 'populares' ya han propuesto una ley para acabar con este impuesto y utilizar los ingresos adicionales derivados del aumento de los derechos de emisión de CO2 para compensar la caída de ingresos, así como un recorte en la retribución a las energías renovables.
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