Nos encontramos en un momento decisivo en el que nos estamos jugando el futuro de nuestro planeta. Es necesario actuar de una manera urgente para provocar un punto de inflexión que suponga una mejora efectiva y real en la lucha contra el cambio climático. En nuestro país, la aprobación del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCyTE), actualmente en proceso de tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, puede suponer ese punto de inflexión que nuestra economía necesita para despegar de una manera más sostenible y respetuosa con el medio ambiente a la vez que sienta las bases para la deseada “recuperación verde” de la actual crisis.
No hay que olvidar que el principal objetivo del PLCCyTE es el de definir el marco de actuación para la descarbonización total de la economía española en 2050 tras la declaración de emergencia climática y ambiental. A este respecto, el PLCCyTE define una serie de objetivos nacionales que impulsarán la recuperación y el crecimiento económico en los próximos años. Para ello, contempla la movilización de más de 200.000 millones de euros de inversión, especialmente del sector privado, a lo largo del período 2021-2030. Según el PLCCyTE, como consecuencia de estas inversiones y de la mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de la economía, el Producto Interior Bruto (PIB) nacional se incrementará entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año provocando un impacto positivo en el empleo neto de entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo, especialmente en los sectores de la industria y la construcción.
El PLCCyTE persigue la descarbonización del mix de generación de electricidad, mediante un impulso sin precedentes a la instalación de nueva capacidad de origen renovable, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030). En este sentido, el principal cambio al que se enfrenta el mix de generación de electricidad es la introducción de más de 60 GW de nueva potencia renovable a 2030, especialmente eólica y solar fotovoltaica, con los retos que esto supone a distintos niveles: técnico, operativo, administrativo y de financiación. Para ello, no bastará con diseñar un mecanismo de subastas adecuado, a partir del planteado por el proyecto de Real Decreto que regula el régimen económico de renovables, presentado a consulta en julio; sino que también será necesaria la activación del mercado de PPAs que permita otra vía de viabilizar los proyectos; y, la agilización de la tramitación administrativa de estas instalaciones.
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) es consciente de que la cobertura de la demanda eléctrica puede verse comprometida por una señal de precios inadecuada al actual escenario renovable y, por este motivo, ha lanzado una Consulta Pública Previa relativa a la implementación de mecanismos de capacidad en el sistema eléctrico español, planteando la necesidad de su existencia en nuestro sistema energético.
Por otra parte, la descarbonización del mix de generación es solo un medio para conseguir el objetivo principal del PLCCyTE; la neutralidad climática en España a 2050. Resulta asimismo imprescindible la descarbonización de los usos energéticos finales. Actualmente, la forma más eficiente y sostenible de descarbonizar los sectores más contaminantes (edificación, transporte e industrial) es la electrificación. La electrificación de dichos sectores pasa por:
favorecer las ventas del vehículo eléctrico, así como la instalación de infraestructura de recarga adecuada a las nuevas necesidades de movilidad;
impulsar la instalación de la bomba de calor, especialmente en la rehabilitación energética de edificios, además de en aquellas edificaciones nuevas que se vayan a construir,
impulsar otros modelos híbridos de electrificación y gases de origen eléctrico renovable que favorezcan la descarbonización de los procesos industriales. En este sentido el hidrógeno verde todavía es una tecnología poco madura, no obstante, jugará un papel muy relevante en aquellos sectores donde la electrificación directa no es posible, comenzando con la sustitución del actual consumo industrial de hidrógeno de origen fósil.
Finalmente, los objetivos de descarbonización fijados por el PLCCyTE no serán alcanzables si no se dispone de una red eléctrica resiliente y digitalizada que actúe como elemento integrador de todos los agentes. El sistema energético necesita unas redes de distribución y transporte modernas, automatizadas, digitalizadas y adaptadas a los nuevos agentes que se tienen que conectar a ellas. Sin embargo, actualmente las redes cuentan con un límite a la inversión anual que impide la ejecución de las inversiones previstas en el PNIEC, por lo que ampliar este límite es un hito necesario para lograr la transición energética. Sin el desarrollo de las redes eléctricas no va a ser posible seguir aumentando la penetración de renovables, permitir el desarrollo del vehículo eléctrico o favorecer los procedimientos de gestión de la demanda que empoderan al consumidor y le dotan de una mayor información y capacidad de decisión, todos ellos aspectos primordiales de la transición energética.
Todos estos proyectos son firmes candidatos a los fondos de recuperación europeos activados con motivo de la crisis sanitaria y económica, puesto que encajan con las políticas palanca (flagships) identificados por la Comisión en sus guías.
Otro factor necesario para viabilizar la transición energética es la necesidad de acometer una reforma fiscal medioambiental, de forma que haya una mayor alineación entre la política fiscal y los objetivos medioambientales. En particular, cada energía debe internalizar en su precio los costes medioambientales que provoca, mejorando de esta forma la competitividad de las energías menos contaminantes, como la electricidad. En esta línea, la fiscalidad en España no está diseñada para fomentar la descarbonización, ni la electrificación de la economía, ya que grava más a la electricidad, a pesar de que es una energía que se produce con un gran componente de renovables y menores emisiones que otras opciones, lo que envía una señal errónea de que lo contaminante es barato y lo limpio es caro.
En conclusión, el PLCCyTE llega en el momento oportuno en el que España requiere un marco claro y estable para la recuperación económica. El PLCCyTE establece un amplio marco de actuación para poder lograr la neutralidad climática en 2050, sin embargo, es necesario que tanto durante los trámites que se están llevando a cabo ahora en el Congreso de los Diputados como en sus sucesivos desarrollos normativos posteriores, se establezcan objetivos ambiciosos y líneas de actuación eficientes para poder conseguirlos como, por ejemplo, la reforma de la fiscalidad medioambiental o el diseño de nuevos mecanismos de capacidad.
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