El sector 'electrizado' por los vaivenes políticos

Hay pocos ámbitos en España que hayan acaparado en los últimos tiempos tantas páginas del BOE (Leyes, Decretos Ley, Reales Decretos Ley, Órdenes Ministeriales...) como la del Sector Eléctrico.

Es por eso, que los avatares de la política sean seguidos de forma permanente por los integrantes del mismo debido a las posibles consecuencias que para sus actividades tiene cualquier movimiento de la actividad legislativa y de gestión regida por los gobernantes.

Por poner un ejemplo, después de la avalancha de aprobaciones medioambientales acaecidas antes del pasado 25 de enero (y pendientes todavía en su gran mayoría de la Autorización Administrativa de Construcción), las instalaciones cuya tramitación se inició con posterioridad al Decreto Ley que marcó dicha fecha límite están pendientes de la obtención de dicha aprobación.

Por eso, los promotores de parques eólicos y fotovoltaicos que habían ajustado cuidadosamente las potencias de sus instalaciones por debajo de 50 MW para que la gestión de los mismos quedara en el seno de las Comunidades Autónomas (que Madrid queda muy lejos y la gasolina está muy cara), ven como los resultados de las pasadas elecciones autonómicas del 28 de Mayo (con sumas y restas de escaños y pactos mediante) pueden dar un vuelco al color de determinados gobiernos autonómicos y en consecuencia de los departamentos encargados de la tramitación de sus expedientes (Medioambiente e Industria principalmente), con el posible retraso de la misma e incluso la posible pérdida de los derechos de acceso y conexión y de parte de los avales depositados.

Los que no se ajustaron a dicho límite de 50 MW y cuya gestión recae en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ya miran al 23 de Julio, fecha anunciada para las próximas elecciones generales, en previsión de que les pueda pasar otro tanto.

Subastas y concursos

Dicho Ministerio es el encargado de establecer las subastas para la promoción e implantación de las fuentes de generación y/o almacenamiento de energía que se considere conveniente y el responsable de los concursos de capacidad de Acceso y Conexión de los nudos de la red de transporte bloqueados para dicho fin a fecha de hoy. Es previsible que tanto las subastas como los concursos se vean aplazados sine die por el adelanto electoral, con lo cual los promotores antes mencionados deberán probablemente quedar a la espera para desarrollar nuevos proyectos.

Ante los crecientes movimientos sociales (a favor y en contra) del desarrollo de renovables en determinadas áreas geográficas, falta ver cómo se aborda el tema en la campaña electoral por parte de los diferentes partidos. Dicho enfoque y lo que se comprometa puede condicionar en gran manera muchas de las actuaciones posteriores en materia energética.

También a principios de año desde el mencionado ministerio partió a Europa una propuesta de reforma del mercado eléctrico, muy contestada por parte de otros países y de la práctica totalidad de las asociaciones del sector a nivel europeo, por el gran componente de intervención de precios que portaba.

Pretendía arrimar el ascua a su sardina en la medida de lo posible durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea el primer semestre del año que viene. Así las cosas, el plan cuidadosamente trazado queda en suspenso por la incertidumbre de cambio que generan las elecciones antes mencionadas, que podría producir una variación más que sustancial en la propuesta española si cambia el sentido político del futuro gobierno.

Puede que el gobierno actual tenga tiempo suficiente de aprobar (probablemente mediante Decreto Ley, sin debate parlamentario ni correcciones) la reforma del Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) exigida por Europa hace tiempo y que debería estar ya vigente desde principios de año.

También es probable que la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 (PNIEC) que es el que rige las políticas energéticas en nuestro país, salga adelante este mes de junio, tal y como estaba previsto. En dicha revisión se espera que se incremente el contingente de renovables y almacenamiento y casi con total seguridad (tal y como está en la versión actual) prevé el cese de actividad en 2030 de 4 de los 7 reactores nucleares en funcionamiento a día de hoy en España.

El cierre progresivo de los otros tres está establecido hasta 2035. La actual ministra en funciones, Teresa Ribera, se ha mostrado en reiteradas ocasiones en contra del alargamiento de la vida de las centrales.

Por su parte el Consejo de Seguridad Nuclear ha manifestado que no habría problema en prolongar su uso estableciendo las medidas pertinentes para dicho fin y diferentes directivos de las empresas propietarias se muestran partidarios de ello siempre que se garantice un marco legal estable y una rentabilidad razonable. Otras fuerzas políticas son también partidarias de dicho alargamiento de la vida útil, por lo que un vuelco político podría cambiar radicalmente el panorama nuclear.

También queda postergada de momento la aprobación del VII Plan de Residuos Nucleares, donde se establecía la anulación del Almacén Temporal Centralizado y el almacenamiento de los residuos nucleares en cada una de las Centrales, con un coste previsiblemente más alto. Dicho Plan probablemente seguirá adelante en caso de permanencia del actual gobierno y será modificado con casi total seguridad en caso de que otro partido ocupe Moncloa.

Otra medida sobre la que hay posturas claramente encontradas entre los partidos de diferente signo es el impuesto extraordinario y temporal que grava los ingresos de las compañías energéticas (recurrido en los tribunales por la mayoría de las mismas). El Partido Popular ha manifestado su rechazo a dicho impuesto, por lo que en caso de un gobierno presidido por ellos y no sea anulado previamente por un órgano judicial, seguramente se modificará.

Habría que hablar también del denominado “tope del gas”, que aunque lleva sin efecto desde febrero por el simple hecho de que al haber bajado mucho el precio del gas, éste no alcanza el nivel de activación de dicho mecanismo, tampoco es del agrado de muchos. De momento estará vigente hasta final de año si no cambian las tornas...

En los cajones también queda algún otro tema de calado como podría ser la actualización del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o el desarrollo legislativo para la implantación de la eólica marina y algunos de menor calado pero igualmente importantes, como la retribución de la cogeneración y la regulación de las Comunidades Energéticas (estas dos últimas propuestas en exposición pública hasta hace muy poco), el cambio de los criterios para acceso al bono social o una mejor organización de los derechos de emisión de CO2.

Llegados a este punto, el lector habrá comprendido el pequeño juego de palabras que me he permitido en el título, ya que el Sector Eléctrico está “electrizado” ante tanta incertidumbre y posibles cambios de rumbo derivados de los avatares políticos llegados y/o por venir y que marcarán el panorama eléctrico de los próximos años.

Julio Balana Ferrer es Experto en Mercados Energéticos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja