En el complejo panorama energético actual, marcado por la creciente integración de fuentes de energía renovable en el mercado eléctrico nacional, España elevó a finales del año pasado a Bruselas un plan detallado para la adopción de un mecanismo de capacidad. Este instrumento regulatorio es visto como crucial para asegurar el suministro eléctrico a corto, medio y largo plazo, incentivando el despliegue de tecnologías que aporten firmeza y flexibilidad al sistema, tales como los ciclos combinados, el almacenamiento y la respuesta de la demanda.
La respuesta de la Comisión Europea a la propuesta española no se hizo esperar y en el mes de marzo hizo llegar al Ministerio de Transición Ecológica un análisis detallado, imponiendo una serie de obligaciones en materia energética.
Entre otras exigencias, la Comisión Europea instó a España a considerar una eliminación gradual del PVPC para aquellos consumidores que no sean vulnerables o no se encuentren en situación de pobreza energética, establecer un marco claro y transparente para el cierre de centrales de ciclo combinado y explorar alternativas que mejoren la capacidad de los participantes del mercado para cubrir riesgos de precios.
Apoyo del sector
En respuesta, el sector energético español ha mostrado un apoyo unánime al plan del Gobierno. Diversos actores y asociaciones han presentado sus alegaciones, a las que ha tenido acceso El Periódico de la Energía, respaldando la propuesta con firmeza.
Iberdrola, Repsol, Naturgy, Aelec, Sedigas, Aepibal y Asealen, entre otros, han emitido declaraciones en las que subrayan la coherencia del plan con el actual Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) y la necesidad de mantener en funcionamiento el parque de centrales de ciclo combinado para garantizar una alta penetración de las renovables sin comprometer la seguridad del suministro.
Iberdrola, por ejemplo, ha señalado que para proteger a los consumidores frente a la volatilidad del mercado a medio y largo plazo, existen medidas más eficientes que el actual PVPC, sugiriendo la potenciación de oportunidades de cobertura en línea con el nuevo diseño de mercado acordado a nivel de la UE.
Repsol y Naturgy han instado a las autoridades a agilizar los trámites para la puesta en marcha del mercado de capacidad, mientras que Sedigas y Aelec han enfatizado la importancia de mantener operativa la flota de ciclos combinados y abordar los riesgos asociados al despliegue de energías renovables y almacenamiento.
Aepibal, por su parte, ha destacado que alcanzar los objetivos de almacenamiento en España requerirá un régimen de remuneración específico, sugiriendo que los "regímenes de apoyo a la flexibilidad" propuestos por la Comisión Europea podrían ser instrumentos útiles para su aplicación en España.
Aprobación
Tras recibir estas respuestas, Bruselas dio a España un plazo de tres meses para responder con un documento revisado que incorpore las modificaciones solicitadas. Aunque el Gobierno aún no ha hecho público su respuesta, se presupone que ya ha sido enviada. En las próximas semanas o meses, se espera que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea se pronuncie al respecto.
Si España ha cumplido con las exigencias, la aprobación del mecanismo europeo podría llegar este 2024, permitiendo su implementación a nivel nacional a principios de 2025 y la realización de la primera subasta de capacidad a mediados de ese año.
En paralelo, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, negocia su entrada en la nueva Comisión Europea para liderar los asuntos climáticos. Su gestión, junto con el respaldo unánime del sector energético a su propuesta, refuerza su posición en el ámbito de la transición energética tanto a nivel nacional como europeo, de cara al mes de noviembre.
Verde Claro
26/07/2024