El sector eólico dice un "no" rotundo a la propuesta de la Xunta de Galicia de obligar a destinar el 50% de la electricidad a empresas gallegas

El sector eólico ha expresado un rechazo contundente ante la nueva propuesta de la Xunta de Galicia que obligaría a los parques eólicos a destinar el 50% de su producción eléctrica exclusivamente a pequeñas y medianas empresas (pymes) y otros negocios gallegos mediante contratos de compraventa de energía a largo plazo, o PPAs (Power Purchase Agreements, en inglés).

Este planteamiento, que busca dar prioridad al suministro regional, "va en contra de la normativa europea de competencia y del marco legal que regula el mercado eléctrico tanto en España como en la Unión Europea" detallan desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Libre competencia

El sector argumenta que esta propuesta contradice la legislación española y europea en torno a la libre competencia y el mercado liberalizado. La Ley del Sector Eléctrico en España (24/2013) considera la generación de electricidad como una actividad libre, amparada por el principio constitucional de libertad de empresa. Además, la normativa europea, específicamente la Directiva 2019/944, exige condiciones no discriminatorias para el sector energético y permite a los operadores pactar libremente los términos de sus contratos, por lo que, según el sector, esta intervención sería una vulneración directa a los principios de libertad de mercado.

Desde la AEE, representantes del sector han manifestado que la intervención representa “una expropiación de facto” que restringe las posibilidades de los promotores de cerrar contratos de energía con quienes elijan y en los términos pactados. Alegan que, en caso de prosperar, la medida tendría como efecto directo una distorsión de precios y el encarecimiento de la electricidad para toda la región.

Consecuencias

El sector advierte que, de aprobarse esta normativa, Galicia podría enfrentar sanciones y arbitrajes internacionales, así como la suspensión de acuerdos energéticos ya firmados que comprometen la producción de electricidad hasta más allá de 2030. Aseguran que el cumplimiento de la medida forzaría la ruptura de contratos vigentes con consumidores industriales, algo que, según el sector, derivaría en una oleada de litigios judiciales y en la paralización de futuras inversiones en Galicia.

Además, una de las principales preocupaciones del sector es el impacto que esta medida tendría en la inversión en nuevas infraestructuras energéticas en Galicia. En un entorno de mercado libre, sostienen, los precios se fijan de forma más competitiva, lo que beneficia tanto a consumidores como a empresas. La limitación impuesta por la Xunta, sin embargo, podría reducir el interés de los inversores en Galicia y hacer que los precios de la electricidad se incrementen para otros consumidores domésticos e industriales.

Los representantes de la industria eólica piden que la Xunta reconsidere esta iniciativa y garantice la seguridad jurídica en la región, recordando que la estabilidad regulatoria es fundamental para el desarrollo económico y la inversión en energías renovables. Exigen, además, respeto a la normativa vigente en España y Europa y apelan a una mayor apertura al diálogo y a la cooperación con los promotores eólicos para encontrar soluciones que no afecten la competitividad ni el marco de libre competencia del sector.