El Tribunal de Cuentas cuestiona en un informe el papel del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la gestión de las ayudas a la reactivación de estas zonas.
En este sentido, ha puesto de manifiesto que ninguna de ellas se incardinaron en un plan estratégico de los previstos en la Ley General de Subvenciones.
Así, ha explicado que "el IRMC careció de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar adecuadamente las líneas de subvenciones de infraestructuras y de proyectos empresariales".
En cuanto a las primeras, ha concluido que el marco normativo regulador (Real Decreto 1112/2007) era "ambiguo y escasamente riguroso, con deficiencias y debilidades que afectaron a la planificación, ejecución y justificación de las actuaciones, así como al control interno".
A este respecto, varias subvenciones concedidas con cargo a esta línea han sido objeto de procesos judiciales penales.
"La selección de las infraestructuras a subvencionar no comportaba ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar, ni se concretaban suficientemente los criterios de priorización y la documentación técnica a aportar en cada proyecto", ha criticado.
Asimismo, ha lamentado una "falta de homogeneidad" en el procedimiento que, a su juicio, se ha traducido en "deficiencias e irregularidades en la justificación de las subvenciones concedidas, especialmente en las correspondientes a las entidades sin fin de lucro".
Con respecto a la línea de ayudas dirigida a proyectos empresariales generadores de empleo, el Tribunal de Cuentas ha precisado en su informe que "las bases reguladoras adolecieron de un grado de complejidad muy elevado".
Una cuestión que, según ha señalado, ha dado lugar a la "configuración contradictoria de algunos trámites" y a la "escasa concreción de otros".
Paralelamente, se produjeron algunas incoherencias en la definición de los plazos de referencia para los beneficiarios y en la definición de algunos requisitos, lo que "ocasionó un cierto grado de inseguridad jurídica entre los actores de este procedimiento, así como retrasos en los procedimientos de concesión".
Asimismo, la fiscalización ha observado una falta de coordinación entre el IRMC y las entidades colaboradoras, lo que ha afectado al seguimiento de la ejecución de los proyectos subvencionados, a las comprobaciones sobre la aplicación de los fondos y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios al no existir planes sistemáticos de comprobación.
"Las entidades colaboradoras de Aragón y Castilla y León aceptaron, indebidamente, cuentas justificativas rendidas mediante la modalidad de informe de auditor", ha denunciado.
El Tribunal de Cuentas ha subrayado que el número de solicitudes de subvenciones se ha reducido significativamente desde 2014, lo que, unido al elevado porcentaje de solicitudes en las que se produjeron desistimientos, supone que "estas subvenciones podrían no estar desplegando plenamente su potencial".
"Se han advertido incidencias en relación con la justificación presentada, que afectaron al deber de conservación de justificantes, a la concertación de prestaciones con personas vinculadas con el beneficiario, y a la falta de solicitud de las ofertas preceptivas en la selección de empresas subcontratistas", ha apostillado.
En su opinión, el IRMC no impulsó suficientemente los procedimientos de reintegro de las ayudas ni inició procedimiento sancionadores; ni tampoco desarrolló actuaciones de seguimiento y reclamación de los derechos que asumió como consecuencia de la liquidación de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón.
"Determinadas infraestructuras financiadas nunca se pusieron en uso, siendo, en particular, reducido el grado de ocupación en las inversiones realizadas en polígonos industriales", ha explicado.
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