La única mina de carbón que sigue activa en España, el pozo San Nicolás de la empresa estatal Hunosa, aún recuerda la última gran tragedia de la minería asturiana, la muerte de catorce trabajadores de entre 29 y 49 años por una explosión de grisú ocurrida hace veinticinco años.
A las 3:15 horas de la madrugada de aquel 31 de agosto la detonación acabó con la vida de diez mineros de Hunosa y de otros cuatro empleados checos de la empresa subocontratada SATRA mientras trabajaban en la capa octava del pozo situada entre la cuarta y la quinta planta del pozo, a 400 metros de profundidad.
En el interior de una explotación de la que se extrae carbón desde 1855, conocida popularmente como Nicolasa y ubicada en la localidad de Ablaña (Mieres), trabajaban en el momento del accidente 59 operarios, pero sólo uno de los que se encontraba en la fatídica capa octava pudo sobrevivir a la explosión.
El siniestro conmocionó a Asturias, que decretó tres jornadas de luto oficial, y especialmente a las comarcas mineras, castigadas por las sucesivas reconversiones de un sector prácticamente extinguido 25 años después, y donde los sindicatos convocaron para el día siguiente una huelga general en la cuenca del Caudal que fue secundada masivamente.
Dos días después se celebró el funeral por los catorce fallecidos en la Catedral de Oviedo, presidido por el Príncipe de Asturias, y de forma inmediata comenzaron las labores para determinar las causas y que arrojaron resultados diversos sobre el origen del accidente.
Así, mientras la Dirección Regional de Minas del Principado estableció como causa más probable la explosión de varios cartuchos de dinamita, Hunosa se inclinó por una chispa en un electroventilador y CCOO elaboró su propio informe, que situaba el origen del siniestro en la máquina extractora del carbón, conocida como minador.
Por su parte, la comisión creada en el Parlamento asturiano se cerró sin determinar las posibles causas, aunque reflejaba las deficiencias en materia de seguridad en el sector minero y advertía del deficiente mantenimiento de las instalaciones, de la ausencia de indicadores de presencia de ventilación o del uso de componentes eléctricos sin homologar.
También los tribunales atribuyeron parte de la responsabilidad a la compañía minera, que menos de un año después cambió el sistema de explotación en la capa octava de Nicolasa, y consideraron que la infracción de normas de seguridad facilitó la explosión de grisú.
Además, Hunosa, que tuvo que pagar 780.000 euros en concepto de indemnización a las familias de siete de los muertos y al trabajador herido, fue condenada a incrementar en un 50 por ciento las pensiones de viudedad que perciben cuatro de las esposas de los diez minero asturianos fallecidos.
En lo que sí coincidieron los responsables de Hunosa, de los sindicatos y de la administración regional es en que el siniestro marcó "un antes y un después" en lo relativo a seguridad minera.
Las nuevas tecnologías, la mecanización de los tajos -zonas donde se extrae el carbón- y la mejora de la formación, unido a la progresiva reducción de la plantilla y del volumen de producción, permitieron ir rebajando la siniestralidad en la compañía estatal minera, cuatro años después, cerró 2004 por primera vez en su historia un ejercicio sin accidentes mortales.
La pandemia del coronavirus ha impedido celebrar el homenaje que tenía previsto llevar a cabo hoy el Ayuntamiento de Mieres aunque sí se encenderá de forma simbólica una llama en el Monumento al Minero, una creación del escultor Miguel Angel Lombardía erigida por suscripción popular tras el siniestro de Nicolasa, al igual que se venía haciendo tras cada accidente minero.
"Hoy hace 25 años de una herida que aún sangra, como sangran todas las heridas de la familia minera ante la pérdida de uno de los nuestros. Recordamos a los 14 de Nicolasa y a todos los cientos que, como ellos, no volvieron. Mi recuerdo emocionado para ellos y sus familias", afirmaba hoy en sus redes sociales el presidente del Principado, Adrián Barbón.
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