En plena efervescencia legislativa en Bruselas, el debate sobre el paquete “Omnibus” y la desregulación del reporting ESG entra en una fase clave. Dentro de pocos días, EFRAG publicará una versión simplificada de las normas ESRS. En paralelo, el Consejo intentará acordar su posición antes de que finalice la presidencia polaca. El objetivo declarado por el eurodiputado y rapporteur Jörgen Warborn es “reducir sustancialmente” el número de empresas obligadas a cumplir con la Directiva CSRD y la CSDDD, limitando su obligatoriedad a compañías con más de 3.000 empleados.
Esto no solo recorta drásticamente el alcance de ambas normativas, sino que amenaza con diluir su utilidad, impacto y legitimidad. Sin embargo, y en contra de lo que podría suponerse, muchas empresas no celebran esta aparente “pausa regulatoria”. Según un estudio reciente de WeAreEurope y HEC París, la mayoría de las más de 1.000 compañías consultadas en 26 países europeos no solo apoyan el marco actual de la CSRD, sino que incluso aquellas potencialmente exentas (con menos de 1.000 empleados) han manifestado su interés en seguir dentro del perímetro regulatorio.
¿Por qué? Porque han entendido que los datos ESG no son solo un ejercicio de cumplimiento, sino una ventaja competitiva. Las empresas con visión estratégica ven el reporte de sostenibilidad como una oportunidad para consolidar la confianza de los grupos de interés, fortalecer su gobernanza interna, gestión de datos, y estructurar políticas de sostenibilidad con impacto real. La desregulación genera incertidumbre y fragmentación, no valor.
El 89 % de las empresas afirmó que la regulación para el reporte ESG mejora la transparencia ante los inversores y otros grupos de interés, además de fortalecer la estrategia, la evaluación de riesgos y la gestión de impactos.
El mayor riesgo hoy es esperar
El proceso legislativo europeo es lento e incierto. Aunque la Omnibus avance, su implementación nacional puede demorarse años. Los reguladores avanzan, pero más rápido llegan las exigencias de transparencia de inversores, bancos y grandes clientes B2B.
Aquí se revela otro punto clave: muchas empresas que podrían quedar fuera del ámbito de la CSRD seguirán viéndose afectadas indirectamente. Forman parte de cadenas de valor de compañías que sí deben reportar. No recopilar ni compartir datos ESG será, cada vez más, un lastre comercial. Perder competitividad en la cadena de suministro significa perder contratos, financiación y reputación.
El sector energético es uno de los más directamente afectados por la CSRD, ya que opera en un entorno de alto impacto ambiental, regulación intensa y gran visibilidad pública. Las nuevas exigencias de divulgación, como la doble materialidad, obligan a estas empresas a medir y comunicar no solo su huella de carbono, sino también su impacto en comunidades, biodiversidad y transición energética.
La trazabilidad de las emisiones de alcance 3 —como las generadas por proveedores y clientes— es especialmente crítica en energía. Las grandes eléctricas, petroleras y empresas de renovables ya exigen a sus proveedores métricas claras y verificables. No reportar, aunque se esté exento, puede cerrar puertas a contratos estratégicos en la cadena de valor energética.
China apunta en dirección contraria
Mientras Europa discute retrocesos regulatorios, China acaba de publicar sus primeros estándares de divulgación ESG (CSDS), obligatorios para grandes empresas. Con métricas claras y alineación con marcos globales como GRI o ISSB, el mensaje es claro: quien quiera vender en China, deberá medir y reportar. Esto añade presión global y demuestra que la transparencia ESG se está convirtiendo en una barrera de entrada al mercado, no solo en una obligación ética.
Establecer flujos de trabajo y sistemas tecnológicos de gestión de datos ESG
Esta ventana de dos años debe aprovecharse para preparar, no para retroceder. Muchas empresas ya están tomando medidas concretas: integran software ESG con sus sistemas ERP para mejorar la gestión y trazabilidad de los datos; realizan evaluaciones de doble materialidad que les permiten afinar su estrategia y comprender tanto los riesgos financieros como los impactos sociales y ambientales; fortalecen sus controles internos y estructuras de gobernanza para dar solidez a la información reportada; involucran activamente a sus grupos de interés en toda la cadena de valor; y alinean sus informes con marcos reconocidos como la CSRD, los estándares GRI, las normas IFRS y, en el caso de pymes, los criterios VSME.
La sostenibilidad ya no es una narrativa, es una métrica. Las empresas que actúan ahora estarán listas cuando el cumplimiento sea obligatorio. Y, lo que es más importante, tendrán ventaja frente a sus competidores.
El caos regulatorio no es excusa para frenar. Es un test de liderazgo y compromiso con el impacto y la transparencia. Quienes saben leer el momento actual no como un alto en el camino, sino como una curva estratégica, construyen ya negocios más resilientes y adaptados a una economía cada vez más transparente, interconectada y exigente.
Jaime Santisteban es CEO y Co-Fundador de TransitionX.
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