El Ministerio de Energía no da más de sí, sobre todo la Dirección General de Política Energética y Minas que dirige María Teresa Baquedano. Ante la escasez de recursos, el secretario de Estado de Energía ha tenido que tirar de la empresa pública Tragsa para tratar de controlar al máximo las instalaciones de renovables y las ayudas que perciben.
El BOE publica este viernes el Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y la Sociedad Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios (TRAGSATEC) para la gestión de determinados procedimientos relacionados con el régimen retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y otros procedimientos de materia energética competencia de la Administración General del Estado.
La actividad más importante de la que hará cargo Tragsatec, filial de Tragsa, es la tramitación, apoyo en la gestión y propuestas de resolución de los procedimientos asociados a la concesión o revocación del régimen retributivo específico y otros procedimientos competencia de la Administración General del Estado.
Se trata de 750 procedimientos, en su mayoría expedientes de cancelación por incumplimiento abiertos por la CNMC o la propia Dirección General de Política Energética y Minas. De esa manera, el Gobierno conseguirá que menos instalaciones sigan percibiendo primas.
Pero no se dedicará únicamente a eso. También gestionará toda la tramitación de los nuevos parques eólicos y plantas fotovoltaicas que se instalen a partir de ahora. Hay que tener en cuenta que hay proyectados casi 7 GW de nueva potencia renovable gracias a las tres subastas del último año y medio.
Además, Tragsatec se encargará de la "elaboración de propuestas de informes técnicos relativas a recursos administrativos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, peticiones judiciales y otras solicitudes de informes y tramitación de expedientes sancionadores".
Entre ellas, destaca la elaboración de propuestas de contestación a solicitudes diversas, como las relativas a arbitrajes internacionales, ejecuciones de sentencias, notificaciones de embargo o concursos de acreedores. Es decir, que el Gobierno dejará en manos de Tragsatec los informes contra las demandas internacionales en el CIADI con las que se ha gastado hasta ahora 20 millones de euros con distintas consultoras.
Para esta actividad, está previsto que Tragsatec realice 315 informes y propuestas.
Con este acuerdo, el Ministerio de Energía se ahorrará un buen dinero. El presupuesto para esta encomienda de gestión es de 1.179.193,82 euros y saldrá de la partida de los próximos años de la Secretaría de Estado de Energía.
Tragsatec se encargará de fichar al equipo que sea necesario para elaborar las gestiones encomendadas. Y el Ministerio pondrá sus instalaciones para que ese equipo pueda realizar su trabajo.
Según el cálculo del Gobierno, cada consultor medio que trabaje en ese equipo cobrará 54 euros por cada hora. El que menos, será el Técnico de grado medio (FP I) que percibirá casi 14 euros a la hora.
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