La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha considerado que la reciente decisión Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) de acordar la suspensión cautelar de trece parques eólicos contribuye a una “situación de inseguridad jurídica” en el desarrollo de sus proyectos de captación de energía en Galicia.
“Galicia vive inmersa en una coyuntura de incertidumbre e indefensión, en cuanto al desarrollo eólico, como consecuencia de la judicialización masiva de proyectos” de instalación de zonas de captación de energía, señala AEE en un comunicado.
Confianza en la eólica
La decisión de suspender cautelarmente los proyectos se basa en los principios de “prevención y precaución en materia ambiental”, según el TSXG, que ya ha recurrido a esa medida en otras ocasiones.
La AEE cuestiona que el TSXG base sus argumentos en un mapa del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que “no tiene rango normativo propio y es una herramienta de apoyo para la tramitación de proyectos que pretende informar al promotor sobre la complejidad ambiental del desarrollo de las instalaciones en determinadas zonas”.
En ese sentido, advierte de que “la reiterada situación actual contribuye a la pérdida de confianza y de reputación para atraer nuevas inversiones”.
Según la AEE, “hay unos 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 megavatios de potencia, afectados por la judicialización” lo que supone “unos 4.200 millones de euros y alrededor de 4.800 empleos durante cinco años”.