Es el momento de las comunidades energéticas

El pasado 30 de noviembre presentamos en el Jardín Botánico de València una propuesta de Real Decreto para la regulación de Comunidades de Energías Renovables (CER) y Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE), en la que pedíamos una regulación específica y favorable para ellas. La propuesta, cuyo padre intelectual es el exdirector del IDAE Joan Herrera, contó con el apoyo de Directores Generales con responsabilidades en energía y/o promoción de renovables de Cataluña, Baleares, Castilla La Mancha o Sevilla, además de la Diputación de Badajoz y, por supuesto, de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica de Comunidad Valenciana, con la consellera Mireia Mollà como anfitriona del evento.

En las semanas posteriores, representantes de ciudades tan importantes como Barcelona o València y Comunidades Autónomas como la Navarra han mostrado su apoyo a la propuesta presentada, que desde algunos medios ya se conoce como “la propuesta del Botànic”.

Nuestra propuesta demanda un marco regulatorio favorable para las CER y CCE en distintas cuestiones, pero si existiese una idea fuerte sería lo que llamamos el “cinco-cinco”, cinco MW y 5 km. La idea es que, en el caso de Comunidades Energéticas, se considere instalación próxima aquellas de potencia inferior a 5 MW conectada a consumos a una distancia no superior a 5 km, y que por tanto en esos casos pueda existir una exención de peajes y cargos, total o parcial, para la energía autoconsumida. Es decir, se les permitiría un régimen similar al del autoconsumo.

Puede parecer un cambio osado cuando en este momento el autoconsumo colectivo está casi limitado de facto a instalaciones de 100 kW con consumos en un radio de 500 metros, pero recordemos que esto es una regulación arbitraria. Países como Francia y desde hace poco Portugal permiten el autoconsumo colectivo en un radio de 2 km. o incluso superior en ciertas circunstancias, y Austria permite exención parcial de peajes si generación y consumo cuelgan del mismo centro de transformación o de la misma subestación. No estamos proponiendo ninguna barbaridad, la existencia de modelos alternativos a nuestra actual regulación estatal indica que es perfectamente factible.

A pesar de esto, somos conscientes que chocamos con un dogma llamado “sostenibilidad financiera del sistema”. Todas las limitaciones al autoconsumo que hemos visto en el pasado, desde el peaje de respaldo (conocido popularmente como “impuesto al sol”) hasta las regulaciones más prudentes respecto al autoconsumo colectivo o la compensación de excedentes se han basado en no poner en riesgo los ingresos del sistema, ya que los autoconsumidores pagan menos peajes y cargos al consumir menos energía de la red. Pero este dogma es eso, un dogma ¿Es posible que este efecto sea tan pernicioso en el país con el término fijo más alto de Europa? La lógica indica que no y los números, ahora lo verán, lo corroboran.

Con la ayuda de UNEF hemos realizado un estudio económico del impacto de nuestra propuesta sobre el sistema eléctrico. Nos basamos en una idea tentativa ¿Cuánto efecto causaría la implantación de 1.000 MW acogidos a nuestro formato de CCE? Para calcularlo ideamos una CCE tipo en el que el 60% de la energía generada fuese a parar a consumidores particulares (tarifas 2.0TD) y el 40% restante a pymes o a administraciones públicas (tarifas 3.0TD), todos posibles beneficiarios de una Comunidad Energética según las directivas europeas.

Pues bien, en el caso más extremo, es decir, suponiendo una exención total de peajes y cargos como tiene el autoconsumo colectivo en la regulación actual, la reducción de ingresos del sistema sería de unos 43 millones de euros. Esos 43 millones de euros representan menos del 0,3% de los 15.000 millones de euros que ingresa el sistema eléctrico anualmente por los términos regulados. Vamos, una cantidad muy pequeña que en ningún caso podría poner en riesgo la sostenibilidad de nada. Es más, el efecto neto de la medida, si tenemos en cuenta el efecto reductor del precio de mercado que provocaría la reducción de la demanda producida por el autoconsumo, sería un saldo positivo de más de 5 millones de euros. Es decir, la existencia de estas CCE sería favorable también para el resto de los consumidores.

Esto, insisto, sería en la “peor” de las circunstancias. Si la exención de cargos y peajes fuese sólo del 50%, la merma de ingresos pasaría de los 43 a los 21,5 millones de euros. Y, además, esto sería sólo bajo el actual formato de peajes y cargos. Cuando entre en funcionamiento el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) los cargos, que mayoritariamente se imputan al término variable de la tarifa, quedarán minorizados y, por tanto, la merma de recaudación será bastante inferior a la calculada incluso con exención de peajes y cargos del 100%.

Déjenme hacer un cálculo más mediante otra proyección muy sugerente ¿qué coste tendría para el sistema ofrecer, mediante una de estas CCE, 1 kW solar fotovoltaico a 1 millón de hogares españoles? Estaríamos hablando de un millón de familias que verían su consumo reducido, de media, en un 35% en caso de poder autoconsumir esa energía. Pues bien, el coste de esta medida en el “peor” de los escenarios sería de 57 millones de euros ¡No llegaría al 0,4% de los ingresos con exenciones totales y sin aplicación del FNSSE! Algo que ni siquiera llegaría a producirse, porque el FNSSE entrará en vigor antes de alcanzar esa implantación. Millones de personas serían beneficiarias de la producción de energía limpia y verían una reducción importante de sus facturas con una merma de ingresos casi despreciable.

Vivimos tiempos de emergencia energética y necesitamos volcar todos los esfuerzos posibles en la instalación de energías renovables para disminuir nuestra dependencia energética y garantizar nuestra estabilidad económica. Necesitamos trabajar en todas las vías a la vez y necesitamos más actores que puedan contribuir a esta transformación. Las CCE y las CER pueden ser actores importantes en esta transformación y ofrecen importantes ventajas para todos. A saber: Democratización de la energía, participación, sensación de que el nuevo modelo energético aporta cosas distintas al anterior, compromiso con la transición energética, reducción de la pobreza energética, etc. Nadie debería verlas como una amenaza, al revés, son actores imprescindibles para consolidar a nivel social el nuevo modelo renovable que se abre paso, lo que redundará en beneficio de todos.

Si en esta situación de triple emergencia climática, económica y geopolítica, no somos capaces de dar pasos valientes para regular generosamente todas esas figuras y potenciar así a estos nuevos actores energéticos, no lo haremos jamás. Si alguien tuvo alguna vez alguna duda sobre la conveniencia del autoconsumo o las Comunidades Energéticas, en esta situación ya no debería tenerla. Las necesitamos, y debemos hacer todos los esfuerzos regulatorios necesarios para conseguir su máxima implantación. Este es el momento de las Comunidades Energéticas.

Pedro Fresco es Director general de Transición Ecológica en la Generalitat Valenciana