España podría dedicar más de 10.000 millones de euros de los fondos europeos a la rehabilitación energética de edificios en los próximos años, con lo que ello supone de creación de riqueza y puestos de trabajo. Y la razón no es otra que “el Acuerdo de Asociación España-UE, que comprende los fondos estructurales y de inversión destinados a España por una cuantía de 36.900 millones para el periodo 2014-2020, establece como prioridad los proyectos destinados a reducir el consumo de energía en edificios y empresas”, indicó Javier García Breva, experto en políticas energéticas y presidente de N2E, en la presentación del Cuaderno IPM Estrategias para financiar la rehabilitación de edificios.
El informe realiza un diagnóstico detallado de los elementos a tener en cuenta en el desarrollo de estrategias de financiación que conviertan toda la potencialidad del ahorro energético en la edificación en una realidad y en proyectos accesibles a los distintos segmentos de consumidores. En su análisis, García Breva parte de una realidad incuestionable: “La rehabilitación energética es una ventaja competitiva”, afirma García Breva, quien considera que “el ahorro de energía protege a los consumidores de la volatilidad de los precios energéticos, de la incertidumbre asociada a la dependencia de los combustibles fósiles y la contaminación ambiental, y, lo más importante, representa una revalorización de los edificios durante toda su vida útil”, que algunos estudios establecen en el 15%
Cuantificar los objetivos
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Comisión Europea (CE) han insistido en numerosas ocasiones es que la eficiencia energética es el primer combustible y que cada euro que se invierte en ahorro de energía recupera cuatro euros para el conjunto de la economía por la reducción de las importaciones energéticas. Por ello, García Breva cree que es importantísimo que las administraciones “sobre todo ayuntamientos y comunidades autónomas, cuantifiquen los beneficios de la rehabilitación”.
La CE ha recomendado una tasa de rehabilitación mínima del 2% anual de todo el parque y para los edificios públicos la Directiva de eficiencia energética obliga a rehabilitar el 3% duplicándose la inversión en eficiencia energética hasta alcanzar los 80.000 millones de euros en 2023. Los escenarios más prudentes plantean objetivos anuales entre 300.000 y 500.000 viviendas rehabilitadas. La conclusión es obvia “la seguridad de las inversiones precisa de una planificación vinculante de objetivos”, explica García Breva, quien añade que “en todo caso siempre hay que tener presente que para lograr esos objetivos –los que sean- es fundamental anticiparse al autoabastecimiento y tener en cuenta la reducción de emisiones de CO2, la aplicación de las nuevas tecnologías y el impulso de las fuentes de energía renovables”.
A partir de aquí, García Breva apunta que hay que aplicar los instrumentos financieros de la Directiva de eficiencia energética, que no son pocos y que van desde un sistema de obligaciones a través del ahorro del 1,5% de las ventas anuales de energía, a todo tipo de medidas alternativas -impuestos al CO2, incentivos fiscales, estándares de eficiencia e instrumentos financieros)- pasando por la colaboración público-privada con las entidades financieras y la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Todos estos mecanismos de financiación están previstos en la Directiva, deben implantarse en cumplimiento de las normas europeas, sin que impliquen costes a los consumidores.
Reducir el consumo, una prioridad
El Acuerdo de Asociación España-UE comprende los fondos estructurales y de inversión destinados a España por un importe de 36.900 millones para los próximos siete años. Con la prioridad de reducir el consumo de energía en edificios y empresas, el 22% se dedicará a la lucha contra el cambio climático. Como consecuencia, los programas destinados a una economía baja en carbono y eficiencia de los recursos suman más de 10.400 millones. El 5% del FEDER se invertirá en acciones de desarrollo urbano sostenible integrado.
Para Javier García Breva, el enfoque de los fondos europeos es ascendente, es decir, de lo local a lo regional y a lo nacional. Permite aprovechar el potencial energético local mediante instrumentos de política regional y municipal como las ordenanzas de edificación, planes de ordenación territorial, fiscalidad, simplificación administrativa, créditos blandos y garantías para las comunidades de propietarios. “El desarrollo de la Ley 8/2013 y de las directivas europeas por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos son herramientas poderosas al concentrar las competencias sobre el medio urbano”, resalta el presidente de N2E.
Para concluir, García Breva advierte de que la caída del precio del petróleo no debe hacernos olvidar el problema de la dependencia energética. Los bajos precios del crudo podrían y deberían convertirse en un incentivo para recuperar la inversión en nuestra economía a través de estímulos a la demanda de rehabilitación energética de viviendas, edificios y ciudades. Esta sería la mejor respuesta para reactivar el empleo, el consumo y garantizar la seguridad energética del país.