La Abogacía del Estado no da abasto. Trabajan a destajo en la decena de casos que el Reino de España tiene pendientes en los distintos tribunales de arbitraje internacionales como consecuencia de las demandas interpuestas por los inversores extranjeros en materia de renovables.
El equipo de Fernando Irurzun, subdirector general de los Servicios Contenciosos de la Abogacía General del Estado, y José Luis Gómara está hasta arriba de trabajo. Son pocos y juegan en clara desventaja contra los demandantes. Los inversores se han equipado con lo mejor de la abogacía española y mundial.
Hasta ahora jugaban con el apoyo del bufete Herbert Smith, pero finalmente la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría decidió rescindir el contrato con el despacho londinense. Prefería dejar de pagar las altas pretensiones de un despacho de primer orden mundial y pasó todo el problema al Cuerpo del Estado.
Inferioridad
En la Abogacía del Estado, “todos los abogados están trabajando sin parar en estos casos”, según fuentes del Gobierno. El Ministerio de Justicia no ha querido revelar el número de letrados que se están dedicando a llevar estas reclamaciones “porque es un tema muy delicado”, pero fuentes de las negociaciones aseguran que el Estado se encuentra en franca inferioridad. “Hay unos siete u ocho abogados por parte del Estado, y en el mejor de los casos hay cuatro trabajando en una demanda”, afirman estas fuentes.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, aún no se ha dado la orden para que se aumente la plantilla del Cuerpo de Abogados del Estado. De momento todo seguirá igual a no ser que el número de reclamaciones aumente considerablemente. Algo que según los expertos del mercado sucederá más pronto que tarde, ya que muchos de los inversores han esperado al último Real Decreto del Gobierno para hacer sus reclamaciones.
Esa desventaja es enorme si se compara con el equipo de abogados que llevan algunos inversores. En algunos casos son varios despachos de abogados. “En esta reclamación hay casi una treintena de abogados trabajando contra un puñado de abogados del Estado”, asegura un letrado con una demanda en la Corte de la Cámara de Comercio de Estocolmo.
Los inversores extranjeros, y los que no lo son tanto porque algunos son empresas españolas a través de filiales, no se andan con chiquitas.
Se trata de mucho dinero en juego. Algunos casos son cientos de millones y las empresas que apostaron por la fotovoltaica y la termosolar españolas tienen claro que van a por todas y por eso se rodean de los mejores abogados.
Más experiencia
Pero al escaso número de letrados por parte del Estado llevando las reclamaciones en los tribunales de arbitraje internacionales, hay que sumar la nula experiencia de estos en esta materia.
Hasta la fecha sólo ha habido un caso contra el Reino de España en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
La Abogacía del Estado no se ha peleado aún en este tipo de cortes y parte con desventaja respecto a los bufetes de abogados que tienen mucha mayor experiencia en estos tribunales.
Bufetes de la talla de Allen & Overy, Bird & Bird, Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom o Shearman & Sterling están asesorando en los casos con España. Son más y están mejor preparados.
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