Es habitual escuchar que la infraestructura de recarga es el principal obstáculo para un despliegue más rápido de los camiones de emisiones cero, pero un nuevo análisis de las implicaciones de los objetivos de la UE para el despliegue de puntos de recarga pública concluye que España dispondrá de la infraestructura suficiente incluso para elevar significativamente los objetivos de reducción de emisiones de CO2 de los camiones propuestos recientemente por la Comisión Europea.
Transport & Environment (T&E) ha pedido a los legisladores europeos que establezcan para 2030 un objetivo de reducción del 65% de las emisiones de CO2 de los camiones, lo que resultaría más coherente con los compromisos climáticos de la Unión Europea.
En 2030, España dispondrá de 1,33 TWh de energía para recarga para vehículos pesados, según el análisis de T&E de los objetivos de infraestructura de la UE establecidos en la normativa recientemente aprobada (*), el Reglamento AFIR (siglas de Alternative Fuels Infrastructure Regulation). Esto supondría un 95% más de energía que la que los camiones y autocares eléctricos españoles necesitarían tomar de los cargadores públicos, en base al objetivo de reducción del 45% de las emisiones de CO2 para 2030 propuesto recientemente por la Comisión Europea para los fabricantes de camiones. Esto deja amplio margen para aumentar significativamente ese objetivo de 2030 hasta el 65%.
Los puntos de recarga para camiones
“El alarmismo de los fabricantes de camiones de que no habrá suficiente recarga pública es totalmente infundado. La nueva normativa de infraestructuras de recarga de la UE no sólo proporcionará suficiente recarga para cumplir los estándares de reducción de emisiones de CO2 propuestos para 2030 para los camiones, sino que permite a los legisladores plantear objetivos climáticos más ambiciosos”, afirmó Carlos Bravo, responsable de la campaña de transporte de mercancías por carretera de T&E España.

El grupo de presión de los fabricantes de camiones ACEA demanda una capacidad de recarga pública cuatro veces superior a la necesaria para cumplir los objetivos de CO2 para camiones de la Comisión Europea en 2030. Esto supondría que los puntos de recarga se utilizarían sólo unos 30 minutos al día. T&E afirma que seguir las recomendaciones de ACEA conllevaría un exceso de construcción de infraestructura de recarga y que se necesitarían elevadas subvenciones públicas para hacerla viable. Sin embargo, aumentar, como propone T&E, el objetivo de reducción de emisiones de CO2 para camiones al 65% para 2030 supondría que los cargadores públicos se utilizarían 4 horas al día, según el análisis, lo que además elevaría su rentabilidad.
“Las afirmaciones de que los objetivos de despliegue de infraestructura de recarga pública de la UE son insuficientes ignoran el hecho de que los camiones eléctricos se enchufarán mayoritariamente en cargadores privados. Un exceso de construcción de la red dejaría infrautilizados los cargadores públicos y exigiría subvenciones masivas. Sin embargo, unas normas de CO2 más estrictas ampliarán las flotas de camiones de emisiones cero en línea con los objetivos climáticos de la UE, al tiempo que garantizarán que los cargadores públicos se utilicen de forma óptima”, añadió Bravo.

Se espera que los eurodiputados y los gobiernos de la Estados miembros de la UE acuerden la nueva normativa sobre estándares de emisiones de CO2 para camiones antes de que finalice la legislatura europea, en 2024. Los camiones representan sólo el 2% de los vehículos en circulación, pero son responsables de casi un 30% de las emisiones de CO2 del transporte por carretera de la UE