España puede liderar la descarbonización europea si acelera su transformación energética

España tiene ante sí una oportunidad histórica para convertirse en un referente europeo en la descarbonización económica. Aunque tradicionalmente no ha contado con grandes reservas de combustibles fósiles, ha desarrollado una de las redes de infraestructuras energéticas más eficientes del continente. Hoy, en plena transición energética, cuenta con activos aún más valiosos: sol, viento, una posición geográfica estratégica y un ecosistema empresarial preparado para impulsar nuevos vectores energéticos como el hidrógeno renovable y los combustibles sostenibles. El contexto es favorable y los avances ya son tangibles, pero el ritmo actual al que se transiciona no es suficiente.

Entre 2019 y 2023, la intensidad de carbono de la economía española se redujo un 25 % y la potencia renovable instalada superó los 83 GW y se alcanzaron los 7 GW en autoconsumo solar. El consumo de electricidad de origen renovable continúa creciendo, como destaca el I Observatorio de tendencias en el contexto de la transición energética, elaborado por Exolum en colaboración con la consultora Deloitte, que analiza el progreso de la descarbonización en distintos sectores.

Sin embargo, el ritmo actual no es suficiente para alcanzar los objetivos del PNIEC ni para consolidar un modelo energético competitivo y resiliente. La descarbonización de la economía española afronta retos importantes en sectores donde electrificar no es sencillo, ni viable con las tecnologías actuales. En otras palabras: la descarbonización no puede limitarse a la generación eléctrica.

Descarbonización

De cara a la descarbonización del sector del transporte en su conjunto, los biocombustibles se presentan como una alternativa viable, asequible y fácilmente adaptable para los vehículos ya existentes. Esto evitaría la necesidad de hacer grandes inversiones en infraestructuras alternativas, una de las barreras más significativas que afronta el transporte por carretera en España para su descarbonización debido a los altos precios de los vehículos electrificados.

Sectores como la industria pesada (química, acero, cemento) y el transporte de larga distancia (marítimo, aéreo, pesado) requieren soluciones complementarias a la electrificación. En el primero, buena parte de las emisiones no provienen del consumo energético, sino de procesos químicos inherentes a su producción. Esto exige no solo un suministro estable de energía limpia y cambios en los procesos industriales, sino también el desarrollo y aplicación efectiva de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.

El segundo también afronta barreras estructurales. La antigüedad del parque automotor, con una media cercana a los 15 años —frente a los 12 de Italia o los 10 de Alemania—, limita la renovación tecnológica. La baja penetración del vehículo eléctrico se ve frenada, además de por un precio de adquisición más elevado, por trámites burocráticos que dificultan la instalación de puntos de recarga, especialmente en espacios públicos. En paralelo, sectores como el transporte pesado, marítimo o aéreo siguen sin poder electrificarse de forma viable debido a las limitaciones de peso y autonomía de las baterías.

Estos dos ejemplos demuestran que tecnologías como el hidrógeno verde, los combustibles sostenibles de aviación (SAF) o los portadores líquidos de hidrógeno juegan un papel estratégico. Exolum, como inversor clave en infraestructuras energéticas, ya trabaja en el desarrollo de estas soluciones, con proyectos como el ecosistema de hidrógeno en Tees Valley (Reino Unido) o la expansión de su red logística para SAF.

Todo ello plantea una pregunta clave: ¿quién consumirá toda esa electricidad verde si la demanda no crece al mismo ritmo que la oferta?

En 2024, el consumo eléctrico en España fue de 248 TWh, lejos del objetivo fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Para alcanzarlo, sería necesario sumar unos 18,5 TWh adicionales cada año hasta 2030 —el equivalente al consumo de cinco millones de hogares anuales—. El consenso en el sector es claro: sin una transformación profunda de la economía y sin inversiones más ambiciosas, estos objetivos no serán alcanzables.

Producimos cada vez más energía limpia, pero no hemos generado aún los incentivos necesarios para que se consuma. La electrificación de la economía —y con ella, el despliegue de infraestructura renovable— depende, en buena parte, de que el consumo eléctrico no se vea penalizado por una fiscalidad excesiva o trabas normativas.

Todas las tecnologías son válidas

Al mismo tiempo, es urgente superar los sesgos hacia tecnologías exclusivamente eléctricas. El hidrógeno verde, por ejemplo, es una solución estratégica para industrias difíciles de electrificar. Sin embargo, su desarrollo sigue siendo muy lento: el PNIEC prevé 12 GW de electrolizadores para 2030, pero en 2023 apenas se alcanzaron los 0,3 GW. Si no corregimos esta brecha mediante incentivos más sólidos, España podría desaprovechar una ventana de oportunidad clave en el liderazgo europeo del hidrógeno.

Para que estas tecnologías escalen, es imprescindible:

• Una regulación clara y estable, que facilite la inversión privada y reduzca la incertidumbre.

• Incentivos eficaces, como mandatos de uso para nuevos combustibles sostenibles y esquemas de ayudas ágiles y accesibles.

• Neutralidad tecnológica, que permita desplegar soluciones adaptadas a cada sector sin favorecer exclusivamente la electrificación.

• Infraestructuras logísticas adaptadas, que garanticen el suministro y distribución de nuevos vectores energéticos a escala nacional y europea.

La normativa actual pretende fomentar la descarbonización, pero en muchos casos la ralentiza. Un ejemplo evidente: las ayudas a la compra de vehículos eléctricos deberían aplicarse como descuentos directos en el momento de la compra, evitando procesos complejos y reduciendo la carga de trabajo de las administraciones.

Lo mismo sucede con la rehabilitación energética de edificios —responsables del 30 % del consumo final de energía—. Aunque existen ayudas, los requisitos administrativos y las normativas vecinales actúan como verdaderas barreras de entrada para muchos ciudadanos y comunidades.

El Observatorio de tendencias en el contexto de la transición energética, elaborado por Exolum y Deloitte, ya advierte que sin una transformación profunda de la economía y sin inversiones más ambiciosas, los objetivos de descarbonización no serán alcanzables. Producimos cada vez más energía limpia, pero no hemos generado aún los incentivos necesarios para que se consuma de forma eficiente y diversificada.

La descarbonización no es solo una comparación de tecnologías: es un desafío en términos de consumo, competitividad industrial, regulatorio y también cultural. No basta con producir electricidad renovable. Debemos garantizar que un amplio abanico de energías limpias se utilice de forma efectiva. Para eso, hace falta ambición y una hoja de ruta que combine neutralidad tecnológica con incentivos al consumo responsable. Porque solo así podremos transformar los logros actuales en un modelo energético resiliente, competitivo y alineado con los compromisos de descarbonización que la sociedad exige.

España tiene la oportunidad de liderar esta transformación, pero debe actuar con decisión. La transición energética no es solo un reto tecnológico, sino también regulatorio, económico y cultural. Solo con una hoja de ruta ambiciosa, basada en la colaboración público-privada y en el despliegue de infraestructuras clave, podremos convertir el potencial actual en un modelo energético sostenible, competitivo y alineado con los compromisos climáticos.

David Folgado es CFO (Chief Financial Officer) de Exolum.