España trabaja en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que regule la reducción de emisiones en todos los sectores económicos para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, y que "podría estar cerrada en un año si hay consenso político".
Así lo subrayó en una entrevista con Efe, la jefa de cambio climático del Gobierno, Valvanera Ulargui, quien desde hoy asiste a la cumbre del clima de Bonn (COP23), donde se negocian las reglas para el funcionamiento del Acuerdo de París, alcanzando en 2015 en la capital francesa y de cumplimiento a partir de 2020.
El libro de reglas del pacto climático tiene que estar listo en la próxima cumbre del clima de la ciudad polaca de Katowice (COP24), donde los países deben dar cuenta también de qué leyes y medidas han desarrollado para dar cumplimiento al acuerdo, y decir cómo van a elevar la ambición de sus compromisos de reducción de emisiones para mantener al planeta por debajo de los dos grados.
"La UE apuesta por llegar a Katowice con el paquete legislativo cerrado, por lo que ha pedido a sus países miembros que le entreguemos el primer borrador de los planes nacionales de energía y clima en enero de 2018", explicó Ulargui.
España debe poner en ese borrador el objetivo de generación renovable que se propone alcanzar en 2030.
Ulargui avanzó que la Comisión Europea (CE) se plantea elevar la ambición de su compromiso climático actual: un 40 % de reducción de emisiones, un 27 % de generación renovable y un 30 % de incremento de la eficiencia energética para 2030, aceptando la propuesta del Parlamento Europeo de elevar la meta de renovables a un 40 % en 2030.
La jefa de cambio climático del Gobierno ve con buenos ojos esa mayor ambición en materia de energías limpias: "Cuanto más aumentemos las metas en renovables y en eficiencia mejor nos saldrán las cuentas en mitigación, y más margen tendremos para que todos los sectores productivos se electrifiquen", y se alimenten de fuentes renovables.
No obstante, advirtió que "expandir el potencial renovable de España, sobre todo en energía solar, dependerá de si se cumplen las interconexiones eléctricas con Francia -está previsto aumentarlas en un 15 % - y de cómo funcione el mercado único de la electricidad".
La Oficina Española de Cambio Climático (OECC) que dirige Ulargui estudia en estos momentos las más de 300 aportaciones recibidas para la elaboración de una ley para cumplir el Acuerdo de París, y "el siguiente paso será redactar un texto que presentaremos a todos los grupos políticos para recoger sus aportaciones".
Ulargui calculó, que tras ser revisado por el grupo de trabajo interministerial creado para trabajar esta norma, el primer borrador se presentará en el primer trimestre de 2018, a "partir de lo cual habrá ley tan pronto como exista un amplio consenso político en torno a la misma", si bien confía en que España "llegue con los deberes hechos a la COP24".
En lo que se refiere a la reunión de Bonn, la jefa de Cambio Climático del Gobierno dijo que espera que "haya avances para cerrar todas las reglas que permitan la aplicación del Acuerdo de París, así como el diseño del llamado Diálogo Facilitativo o de Talanoa, que permita evaluar dónde estamos frente al cumplimiento de los dos grados que nos hemos propuesto".
"En lo que se refiere a las reglas, la UE tiene interés en que se avance en cómo tenemos que presentar cada cinco años, en forma y en contenido, los compromisos nacionales de reducción de emisiones -NDC por sus siglas en inglés-, y cómo va a funcionar el mecanismo de transparencia de revisión del cumplimiento de los NDC al final de cada periodo", explica.
El Acuerdo de París prevé que los países renueven sus compromisos climáticos al alza cada cinco años -pero aún debe acordarse cómo- y que la revisión del cumplimiento de los mismos, el llamado mecanismo de transparencia, sea uniforme y único para todos.
La cuestión es que mientras los países desarrollados ya están habituados a hacer inventarios de sus emisiones y a dar cuenta de las mismas mediante el mecanismo de transparencia creado en el Protocolo de Kioto, los países en desarrollo -incluyendo grandes emisores como China o India- no lo están porque no han asumido compromisos hasta el Acuerdo de París.
"El Acuerdo de París hace un guiño a que cada país se vaya sumando a ese mecanismo en la medida en que sus capacidades técnicas se lo vayan permitiendo, es decir, en la medida en que un país como Etiopía pueda disponer de un inventario de emisiones como el que tenemos en España", aclaró.
Sin embargo, Ulargui adelantó que "la UE quiere que las reglas del acuerdo, que se están redactando, fijen una fecha, como por ejemplo 2030, en la que todos los países tengan que reportar sus esfuerzos de la misma manera".
La directora de la OECC incidió en que el diseño del Diálogo de Talanoa también "debe quedar cerrado y detallado en la decisión que salga el viernes", sirviendo de llamada a una mayor ambición de los países en la segunda ronda de compromisos.
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