España tiene un problema, y ese problema se llama eficiencia energética

Quiero iniciar este análisis parafraseando al socialista Pascual Maragall y su mítica frase que pasará a la historia de la democracia española: "Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 'tres per cent'" le espetó a un Artur Mas que se quedó perplejo.

Pues algo parecido le sucede a España con la eficiencia energética. Tiene un problema y muy serio. Salvable, sí; pero se ha perdido muchísimo tiempo y no se sabe realmente por qué.

Este jueves la Comisión Europea ha vuelto a dar un tirón de orejas al Gobierno por hacer caso omiso a la directiva de eficiencia energética en edificios. Ya uno pierde las veces que le han tenido que llamar la atención al Gobierno por este asunto. España se ha convertido en un mal alumno para Bruselas en esta materia. No hace los deberes, ni se les espera.

La eficiencia energética es el patito feo del Ministerio de Industria. Si en algo ha avanzado este país en eficiencia energética no es por las políticas desarrolladas desde el Gobierno, sino por la labor de las empresas y los consumidores, que en época de crisis económica se han dedicado a reducir sus consumos energéticos.

El Gobierno del PP no ha movido prácticamente un dedo. Lo único reseñable que ha hecho es la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Una acción que cumple con lo exigido por Bruselas, pero que ha acarreado severos problemas a la relación, empresa-Ministerio.

Las grandes empresas energéticas del país, petroleras, gasistas y eléctricas, son las que más aportan al fondo. Por ejemplo, la que más paga es Repsol, que tiene que abonar cada año más de 30 millones de euros. Al final, todas las empresas con cierto poder adquisitivo recurren el decreto que regula el fondo.

Las compañías creen que no se puede obligar a una compañía, que ya de por sí establece estándares de eficiencia energética en buena parte de su negocio, sino en todo, a pagar al fondo, y luego el Gobierno decide a donde destinarlo.

El problema de ello es que las empresas dejan de tomar decisiones a favor de la eficiencia energética y no invierten mucho más dinero. Estamos ante una pescadilla que se muerde la cola.

El caso es que el Gobierno no ha hecho nada hasta hace unos días, que obligado por una posible sanción por parte de Bruselas y antes de acabar demandada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, decidió aprobar, dos años después, el decreto que transpone una parte de la directiva de eficiencia energética. La referida a las auditorías energéticas de las grandes empresas.

Ahora a Bruselas le parece todo esto escaso. Es por ello que ha dado un ultimátum a España para que apruebe lo antes posible la transposición de la directiva comunitaria de eficiencia energética de edificios.

Habría que preguntar al ministro Soria por qué España no ha hecho los deberes en eficiencia energética. La respuesta se la pueden imaginar. "Había otras prioridades". Lo que no se entiende es que España estire la cuerda hasta el límite y juegue con la Comisión Europea.

Ya en septiembre del año pasado, Bruselas llamó la atención a España por el tema de las auditorías energéticas. No le hizo ni caso. Intentó esconder el bulto. Pero en Bruselas no son tontos y por ello dio un puñetazo en la mesa y le dijo al Gobierno que lo demandaba si no actuaba ya.

Y claro, de repente, deprisa y corriendo, el Consejo de Ministros se saca de la chistera un real decreto que transpone parcialmente la directiva de eficiencia. Esa parcialidad es la que ha llevado ahora a Bruselas a volver a llamar la atención a España. Qué triste. Qué imagen se está dando en las instancias europeas.

Europa da una oportunidad única para que en época de crisis se revitalice la economía y el Gobierno no ha hecho ni caso. Se ha mirado para otro lado en vez de impulsar un Plan de Rehabilitación de Viviendas que haga reducir el consumo de los hogares y las pymes.

Esta semana el asesor y consultor Javier García Breva ha presenta su nuevo **Cuaderno IPM “La ciudad sostenible y los nuevos modelos de negocio energético”. **En esta ocasión, García Breva asegura que "el potencial de ahorro de energía entre una edificio de clase A y otro de clase G es de un 80% y en un parque edificatorio como el español, con más del 90% de edificios ineficientes, supone un ahorro de hasta 8.000 millones".

El modelo energético que prescriben las directivas europeas es el del ahorro a través de la generación distribuida, el autoconsumo, los contadores inteligentes con balance neto e interacción de los consumidores, los edificios de consumo de energía casi nulo, las redes eficientes de calefacción y refrigeración y el vehículo eléctrico. Europa ha dispuesto que en 2018 los edificios públicos y en 2020 toda la nueva edificación así como la rehabilitación de la existente se lleve a cabo con criterio de calificación energética “A”.

“El potencial de ahorro de energía entre una edificio de clase A y otro de clase G es de un 80% y en un parque edificatorio como el español, con más del 90% de edificios ineficientes, supone un ahorro de hasta 8.000 millones”, puntualiza Javier García Breva, asesor en políticas energéticas y presidente de N2E.

El recorrido es amplísimo en el campo de la eficiencia en España. Para 2030 hay que cumplir el objetivo del 27% y a este paso no llegamos ni por asomo

La Estrategia de calefacción y refrigeración que la Comisión Europea ha presentado el 16 de febrero confirma que la eficiencia energética es la primera política energética al pretender reducir la dependencia de los combustibles fósiles en Europa elevando el consumo de energías renovables, a través de la eficiencia energética de edificios, y electrificando el transporte.

En Europa el 75% de consumo de energía en calefacción y refrigeración procede de combustibles fósiles (el 18% es de origen renovable) y su potencial de ahorro energético alcanza el 70%. Por ello, la Comisión Europea, en la citada estrategia, propone revisar en 2016 las tres directivas de renovables, edificios y eficiencia energética, elevar la cuota de renovables y reducir la de energía fósil en los edificios, aumentar la tasa de rehabilitación por encima del 1% y aprovechar el calor residual de los procesos industriales para redes de calor y frío en residencial y terciario.

"Sin_ embargo, el modelo energético de España está muy alejado del que propone la UE pues promueve el mayor consumo y hay datos elocuentes que lo prueban. La diferencia entre la potencia contratada y la energía consumida es de 7.000 millones de euros que pagan los consumidores por energía no consumida. Y lo más importante, pese a la caída del precio del crudo, en 2015 nuestro país ha dedicado a las importaciones energéticas 38.605 millones de euros y ha batido el récord de importación de petróleo_", opina García Breva.

Con datos así es mejor que España se ponga las pilas y verdaderamente apueste por una política energética más eficiente y no la del despilfarro energético.