Durante el pasado siglo, la industria eléctrica en los países occidentales fue un sector con objetivos claros, con activos seguros a largo plazo, demanda creciente e ingresos ciertos. Tenía pocos riesgos. El modelo dominante era un monopolio regulado, los clientes eran considerados en buena medida como consumidores pasivos y la tarea de la industria era, básicamente, asegurar que la energía estuviera disponible al apretar el interruptor.
Pero este idílico panorama cambió a partir de 1990. El sector empezó a sufrir una rápida transformación. Primero con la liberación del mercado y la competencia, después con el veloz cambio tecnológico (sobre todo con la incorporación de las renovables) y más tarde con el imperativo de la descarbonización. La industria se enfrenta ahora a una evolución científica, económica e institucional sin precedentes: realmente está entrando en una “nueva era”.
Pero, ¿cómo se están enfrentando los países a estos cambios? ¿se están ajustando sus políticas a los nuevos avances? David Robinson, miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía, y Malcolm Keay, ambos de The Oxford Institute for Energy Studies han dado a conocer el informe “Gestión de la descarbonización de la electricidad: Aprender de la experiencia” donde se comparan las políticas energéticas de dos países vecinos, Reino Unido y España.
El informe argumenta esta comparativa porque ambos se enfrentan en muchos aspectos a los retos de la “nueva era” de una forma particularmente aguda. Por ejemplo, tanto el Reino Unido como España figuran en la lista de países europeos que están por debajo del objetivo de interconexión del 10% de la UE, tampoco tienen fácil acceso a la capacidad hidroeléctrica de sus vecinos y en gran medida, ambos tienen que resolver los problemas de intermitencia de sus renovables a nivel interno.
También en ambos países, la industria eléctrica en sí, y la generación renovable en particular, tiende a ser dominada por actores más grandes. Iberdrola, por ejemplo, es la mayor desarrolladora eólica de España y Reino Unido.
Y coinciden en que los precios y la asequibilidad han sido los principales temas de controversia entre sus poblaciones.
Descarbonización
Sin embargo, hay menos semejanzas en las decisiones políticas que se han tomado por parte de cada Gobierno nacional en materia de descarbonización. En el caso de Reino Unido, se ha alcanzado ciertamente un acuerdo parlamentario sobre el objetivo de emisiones, pero muchas de las tecnologías, como la nuclear y la eólica terrestre, siguen siendo muy polémicas. En el caso español, al contrario, se ha vivido otras preocupaciones -en particular los problemas económicos arrastrados desde 2008- lo que se ha colocado como prioridad frente a la política energética.
Llegados a este punto, las divergencias entre ambos países son evidentes. Según el informe, Reino Unido fue pionero en la liberalización y sigue comprometido con el principio de los mercados. Tiene los objetivos de emisiones probablemente más rígidos y exigentes del mundo, enmarcados en el estatuto de la Climate Change Act 2008.
Su Ley de Cambio Climático aísla el proceso de descarbonización de las presiones políticas a corto plazo y establece metas claras a largo plazo. Ya ha logrado reducciones de alrededor del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, una década y media por delante de la UE en general.
España también ha cumplido sus objetivos de cambio climático, pero en parte es el resultado de la recesión económica y porque estos objetivos eran mucho menos exigentes que los objetivos del Reino Unido: las emisiones reales de España han aumentado en lugar de disminuido.
Nuestro país tiene un marco institucional menos desarrollado y el desarrollo de las políticas ha sido más errático. También hay cuestiones más específicas de gobernanza -por ejemplo, sobre la gestión de redes y si es necesario separar más claramente el papel de operador de red y de propietario de red.
Reino Unido se mueve con cautela en esta dirección y España tendrá que hacerlo también.
Por lo tanto, los autores del estudio sugieren que en España puede haber espacio para un nuevo organismo – una especie de agencia de energía o arquitecto del sistema. El objetivo sería tener un cuerpo similar al CCC (Climate Change Committee) del Reino Unido, donde este organismo es más independiente y fuera del proceso político. Sus recomendaciones son que el regulador debería tener peso y autoridad para que los gobiernos no pudiera simplemente ignorarle, por ejemplo, podría tener que justificar cualquier desviación de las recomendaciones a los parlamentos nacionales.
Sin embargo, el estudio concluye que al final, cada país desarrollará estructuras adecuadas a sus propios arreglos constitucionales y sistemas de gobernanza. Así que el principal mensaje de este estudio es que la “nueva era” para la electricidad (y la energía en general) ha traído consigo algunos desafíos y oportunidades sin precedentes. No existe un camino único que pueda ser identificado para todos los países; lo que está claro es que estos desafíos traen junto con ellos un requisito para el pensamiento imaginativo y creativo de la política. Se necesitan nuevos enfoques para la nueva era.