Las comunidades energéticas están experimentando un fuerte desarrollo en España, donde se contabilizan 353 en todo el territorio, según concluye el primer informe de indicadores del Observatorio de Comunidades Energéticas Energía Común, una iniciativa desarrollada por ECODES, con el apoyo de Redeia, operador global de infraestructuras esenciales de energía y telecomunicaciones, junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

La cifra supone que el 4% de los municipios españoles cuenta ya con una figura de este tipo, siendo País Vasco y Navarra las comunidades autónomas donde más han florecido.

Este informe, presentado este miércoles en el marco de una jornada inaugurada por el director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, repasa los avances realizados en materia legislativa y en el desarrollo de programas de incentivos durante 2023, además de presentar los indicadores nacionales y autonómicos sobre aspectos legales, sociales, de financiación o de participación sobre las comunidades energéticas en España.

Las comunidades energéticas en España

Se trata de la primera edición de un estudio que se actualizará anualmente para poder obtener un análisis evolutivo de estos valores. Ello permitirá detectar las prácticas que contribuyen de forma más efectiva al avance de las comunidades energéticas y favorecerá su replicabilidad.

“Este primer informe nos ofrece una buena panorámica de dónde y de qué manera crece el mapa de las comunidades energéticas en España y, sobre todo, pone cifras a lo que ya es una evidencia: que la ciudadanía está haciendo suyo el cambio de modelo energético en España y reclama protagonismo en la transformación que propician las energías renovables y el autoconsumo compartido”, ha destacado Groizard.

Una de las singularidades del Observatorio es que no solo ofrece una radiografía sobre el impacto y evolución en España de estas figuras, sino que además integra aspectos económicos, energéticos, sociales y de gobernanza. Así, uno de los hallazgos del informe es que la pobreza energética es una situación a la que estas comunidades intentan dar solución, pues el 32% atienden esta problemática o tienen planificado hacerlo. Un dato menos positivo es el relativo a la participación de mujeres en sus juntas de gobierno: tan solo el 25% cuenta al menos con un 50% de mujeres en sus órganos de dirección.

El director de Sostenibilidad de Redeia, Antonio Calvo Roy, ha elogiado la evolución de este Observatorio, que pone de manifiesto la creciente preocupación de los ciudadanos por la transición energética. “Cada iniciativa suma y las comunidades energéticas son una excelente manera de visibilizar como los ciudadanos se comprometen cada vez más con la transformación necesaria para afrontar una transición ecológica justa y en ser agentes activos del cambio. Apoyar esta iniciativa de la mano de ECODES está plenamente alineado con el propósito de Redeia”, ha celebrado.

Por su parte, Víctor Viñuales, director ejecutivo de ECODES, ha recordado que “las comunidades energéticas son cruciales en el impulso de una transición ecológica eficiente en recursos y socialmente inclusiva. No solo empoderan a la ciudadanía para que asuma un papel activo en la gestión y producción de energía, sino que además crean nuevos ecosistemas de diálogo que reflejan una visión compartida de la sostenibilidad y redefinen el modo en que se conciben, generan y consumen los recursos”.

Visibilizar para inspirar

Para que estas iniciativas prosperen y sirvan de ejemplo e inspiración a otras personas y autoridades locales, es preciso visibilizar las propuestas más inspiradoras y transformadoras. Con este propósito, ECODES ha presentado en la segunda parte de la jornada el informe “Las comunidades energéticas como herramienta de transformación social”, desarrollado por la Universidad de Zaragoza y Diecisiete Coop con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Se trata de un estudio que ofrece un análisis de los diferentes modelos de comunidades energéticas existentes, y establece una propuesta de indicadores de impacto social con cuatro enfoques: justicia energética; democracia energética; comunidad, valores y narrativas; y capacitación de la comunidad.