Establecer un tope al precio del gas: una solución para dos problemas

La invasión rusa de Ucrania está provocando un encarecimiento histórico de los precios energéticos, los principales hubs europeos de gas natural rozan los 200 €/MWh este mes de marzo.

Rusia concentra cerca del 40% de las importaciones de gas natural de la Unión Europea, una situación que genera incertidumbre ante la posibilidad de que las sanciones impuestas por la UE afecten al suministro ruso.

Estos elevados precios del gas natural están afectando a los mercados mayoristas europeos de electricidad que, en su gran mayoría, han comenzado una escalada de precios hasta alcanzar los 250 €/MWh. La Comisión Europea, en sus recientes comunicaciones, reconoce que el gas es el principal culpable de la actual situación de precios en el mercado eléctrico.

Puesto que el origen de la crisis es el gas natural, parece lógico pensar que la solución debe salir de ese mercado, en este sentido, es crucial establecer una limitación temporal a los precios de gas. Sus efectos serían inmediatos y permitirían solucionar varios problemas con una única medida. Por un lado, el consumidor final notaría una reducción inmediata en su factura de gas natural, que está poniendo en riesgo la viabilidad de la industria. Por otro lado, tendría un efecto inmediato en el mercado mayorista de electricidad, lo que permitiría estabilizar de forma inmediata el precio para el cliente final en la tarifa regulada (la llamada PVPC).

Cualquier medida que se tome para contener los precios, debe ser consensuada a nivel europeo de forma que no se produzca distorsión en los intercambios de electricidad entre Estados miembros, ni aumente el riesgo país de aquel Estado miembro que decida de forma unilateral cambiar las condiciones del mercado eléctrico.

Si España decide intervenir el mercado eléctrico sin la autorización de Europa aumentaría el riesgo país. Riesgo que históricamente ha sido superior al resto de países de Europa Occidental derivado de la historia intervencionista de España; se pondrían en peligro las inversiones necesarias para la transición energética, incrementaría el riesgo para los inversores y puede comprometer el desarrollo de nueva capacidad de generación renovable, y con ello los objetivos de la descarbonización.

Cualquier medida que se tome debe considerar que el objetivo final es reducir la dependencia del gas para lo que hay que incrementar la inversión en renovables y la descarbonización del transporte y hogares.

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